Las reformas al Código Penal del Distrito Federal para que los colaboradores o familias que ayuden a un secuestrador a realizar el delito de privación ilegal de la libertad no tengan ninguna posibilidad de salir bajo fianza o una pena menor, son la propuesta realizada por el diputado Leonel Luna Estrada del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El legislador Luna Estrada resaltó la importancia de esta propuesta al considerar necesario el aumento en el tiempo de reclusión” porque los actos de complicidad dañan de igual manera a la víctima del secuestro” y enfatizó que se apliquen penas más severas a los cómplices de delincuentes.

El líder en la ALDF expuso que algunos reos acusados de secuestro, a pesar de estar en prisión, cuentan con una red de personas en libertad que los apoyan para continuar con este delito, estar tipo de delincuencia organizada, señaló involucra a familias completas que auxilian al reo a conseguir el pago del rescate y pueden participar en el trabajo de seguimiento, retención, entrega de pruebas de vida y cobro de rescates.

Un dato significativo, indicó el legislador perredista es que la Ciudad de México no se ubica dentro de las 5 entidades del país con el mayor número de casos de secuestros durante los últimos tres años, y consideró además impulsar esquemas normativos que castiguen con mayor severidad las conductas que son asociadas o favorecen al delito de secuestro, pero sin exceder los criterios establecidos por la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, como reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional.

El presidente de la Comisión de Gobierno en la ALDF manifestó que estas propuestas tienen como finalidad dar un paso decisivo en el proceso de transformación jurídica de la CDMX, que comenzó el 29 de enero 2016 al promulgarse la Reforma Política, que dio luz a lo que será una nueva forma de organización y autodeterminación en materia de derechos y obligaciones y consideró que es una oportunidad para fortalecer sus leyes y continuar con el trabajo de atender las necesidades públicas en materia de prevención y combate al delito, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y mejorar la seguridad ciudadana.