La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), propondrá cambios legales que permitirán fiscalizar las estancias de adultos mayores en la Ciudad de México. 

La diputada Elizabeth Mateos dijo que con frecuencia los adultos mayores sufren violencia física, sexual y emocional, se les despoja de su patrimonio o se les interna en centros de asistencia donde se les maltrata, sin que conozcan sus derechos y queden imposibilitados en denunciar abusos. 

Indicó que para garantizar una atención adecuada a este grupo de la población se propondrá ante El Pleno una legislación que fiscalice las estancias en la CDMX, con la promoción y salvaguarda de la integridad física y mental, además que reciban un trato digno. 

Mateos Hernández adelantó que los cambios contemplan la creación de la Ley de Albergues y Centros de Día Privados para Personas Adultas Mayores, propuesta por el diputado Carlos Candelaria, y de la Ley de Albergues Privados para las Personas Adultas Mayores promovida por el diputado Adrián Rubalcaba, así como reformas a este último ordenamiento por parte de la diputada Lourdes Valdez en la ALDF. 

Las propuestas de modificaciones son resultado del trabajo y participación de diferentes actores sociales y no de nadie en particular, a través de la convocatoria en la que participaron especialistas que atienden los albergues. 

Recordó que los adultos mayores representan 10.8 por ciento en el país y 11.3 por ciento en la Ciudad de México, los cuales enfrentan insuficiencia de ingresos y la falta de protección social, que se traduce en un deterioro de su calidad de vida, exclusión social y una mayor dependencia de otras personas. 

Señaló que la Secretaría de Desarrollo Social federal reconoce la prevalencia de un mayor porcentaje de analfabetismo y un nivel educativo bajo entre personas mayores de 70 años, lo que disminuye sus oportunidades de autosuficiencia. 

La legisladora perredista expuso que este grupo de población también es excluido de la seguridad social en los contratos laborales y se les niega atención a la salud o la reciben de muy baja calidad. 

Las personas adultas mayores, concluyó, enfrentan situaciones familiares, sociales e institucionales adversas que deterioran su calidad de vida y su dignidad, y pese a los avances legislativos aún están fuera de tener garantizado su derecho a la vivienda, salud o vestido.