Con el objetivo de aumentar la sanción en todos los tipos penales no sólo por homicidio, también por secuestro, narcomenudeo, portación de armas de fuego, entre otros, a quienes se aprovechen de los niños y jóvenes para cometer ilícitos en la Ciudad de México, los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Christian Von Roehrich de la Isla, propusieron reformar un párrafo al artículo 22 del Código  Penal local. 

Ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador Barrera Marmolejo señaló que en los últimos años la protección de los menores es un aspecto fundamental en el trazado de cualquier política criminal en el mundo y la intención de contar con figuras de readaptación social es de suma relevancia para personas que, por su propia naturaleza, no cuentan con la capacidad de decidir o el alcance de sus actos. 

Agregó que derivado de lo anterior se creó la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, mientras que a nivel federal se cuenta con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

Dichas disposiciones buscan que se allegue de elementos sociales y jurídicos para imponer penas razonables y que inhiban la comisión de delitos por menores, considerando, desde luego, que cuentan con un cúmulo de derechos que deben ser respetados, subrayo el diputado panista. 

Sin embargo, expuso que los delitos cometidos por menores han registrado un incremento considerable; en muchos de esos casos siendo utilizados únicamente como autores materiales a fin de no obtener una pena mayor para quien es la persona detrás de esos ilícitos.

“De acuerdo al Tribunal Superior de Justicia local, de 2015 a 2019 se iniciaron dos mil 995 averiguaciones previas e investigaciones en donde se involucraron a tres mil 567 menores de edad entre 12 y 17 años, quienes cometieron delitos como robo y narcomenudeo”, apuntó Barrera Marmolejo. 

Aunque es bien sabido por las organizaciones criminales que de acuerdo a la normatividad de justicia para adolescentes, cuando se trate de niños de entre 12 y 14 años, las penas que se deben imponer solamente son sanción, orientación, protección y tratamiento, lo que les permite utilizarlos sin ninguna responsabilidad, señaló.

“Según varias fuentes, la edad promedio en la que los niños son captados por grupos criminales, son los trece años, y hay indicaciones preocupantes que está bajando la edad, por lo que el sentido de la presente iniciativa es que quien coaccione a menores de edad para la comisión de delitos cuente con una pena más severa”, finalizó.