El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso  de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa para sancionar con prisión de hasta 15 años al servidor público que indebidamente nieguen, retarden u obstaculicen el auxilio o la protección o el servicio que tenga obligación de otorgar a mujeres y niñas víctimas de delitos. 

Explicó que endurecer las sanciones a los malos servidores públicos forma parte de las herramientas que nos piden a gritos a las mujeres para la erradicación de la violencia que sufren día con día de manera desmesurada.

Nazario Norberto recalcó que esta penalización está destinada a los policías, médicos, agentes del Ministerio Publico, policías de investigación, defensores públicos, peritos, personal de Juzgados, etc. quienes en lugar de realizar de manera adecuada su trabajo maltraten o no den atención adecuada. 

Dijo que lo único que logran es que las mujeres sufran una re victimización. al ejercer “por sí o a través de otra persona utilice violencia física o moral, inhiba o intimide, ejerza represalias o coaccione a una víctima u ofendido a otorgar el perdón,  ó evitar que ésta o un tercero, denuncie, formule querella o aporte información, o pruebas relativas a la presunta comisión de un delito cometido por algún servidor público, lo anterior en contra mujeres y niñas”.

La violencia contra las mujeres y las niñas no tiene límite y se manifiesta en cualquier lugar y etapa de su vida, y se presenta a través de insultos, intimidaciones, maltrato, golpes, violaciones, abuso sexual, feminicidios, tocamientos, exhibición de genitales, captura de fotos y videos sin tu consentimiento, palabras e insinuaciones de tipo sexual, persecuciones, por mencionar algunos. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de su  Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva del mes de enero del presente año fueron iniciadas: 90 carpetas de investigación por el delito de violación simple, 29 por violación equiparada, 270 por abuso sexual, 98 por acoso sexual, 4 por feminicidio, entre otros.  

El hecho de que los servidores públicos se nieguen, amenacen, intimiden, obstaculicen  o incluso cometan delitos contra aquellas mujeres que son víctimas de algún tipo de delito y acuden a denunciar, es un hecho reprochable que no puede quedar impune en nuestra Ciudad.

Por ello reiteró que es imprescindible este proyecto de decreto, porque tiene la finalidad de actuar de manera transversal en el fortalecimiento de las acciones que el Gobierno de la Ciudad de México  está generando para erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas, y con el propósito de proporcionarles en su calidad de Víctimas de los Delitos, las herramientas adecuadas para enfrentar y resolver su situación o problemática. 

“Todas las mujeres y niñas víctima de un delito tiene derecho a recibir  atención y asesoría adecuada, que se encuentre realizada con perspectiva de género, libre de prejuicios, eficiente y eficaz”, finalizó. 

Dicha iniciativa será analizada y dictaminada por las comisiones unidas de Admnistración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género.