El Congreso capitalino, a través de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Administración Pública Local, se reunió en mesa de trabajo con el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Antonio Hazael Ruiz Ortega, para analizar el estado actual de los centros penitenciarios, y en particular, la información relativa a la fuga de tres reos miembros del Cártel de Sinaloa -ocurrida el 29 de enero en el Reclusorio Sur-, y el funcionamiento de los inhibidores de señal de telefonía celular, para evitar extorsiones telefónicas.  

La diputada Leticia Varela Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sugirió continuar las mesas de trabajo para avanzar en este tema, además de revisar y definir el presupuesto necesario para dotar de herramientas materiales y económicas al sistema, para que no vuelva a suceder una fuga. 

Asimismo, planteó realizar recorridos en los diversos centros penitenciarios, y consideró importante revisar el actuar de las y los jueces. 

Por su parte, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, presidenta de la Administración Pública Local, destacó que entre los años 2016 y 2019 se han invertido más de 220 millones de pesos para fortalecer y equipar el sistema penitenciario, y consideró que la fuga de reos no fue por falta de infraestructura, por lo que pidió “atacar de frente el tema de la corrupción en el sistema”. 

Cuestionamientos de las y los legisladores locales 

En su intervención, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje preguntó las medidas de seguridad que se están tomando en los centros penitenciarios para evitar la fuga de reos, y solicitó la elaboración de un documento con las necesidades financieras; además, recomendó agilizar el traslado de los reos de alta peligrosidad a centros federales. 

Sugirió que en breve se efectúe una nueva mesa de trabajo con dos temas específicos: modificaciones legales para atender las problemáticas planteadas y análisis del presupuesto necesario para mejorar la tecnología, infraestructura y condiciones de los centros. 

El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) requirió ampliar la información de la fuga de los tres reos miembros del Cártel de Sinaloa, ocurrida el 29 de enero; solicitó al funcionario su opinión del populismo punitivo, como forma de reducir la incidencia delictiva; y destacó la importancia de la reinserción social para evitar la reincidencia. 

Insistió en asumir las responsabilidades y la corrupción que originó la fuga, “hubo errores y hay autocomplacencia”. 

El legislador Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI) se refirió a la corrupción dentro de los centros penitenciarios y a las deficiencias tecnológicas, en personal e infraestructura originadas por falta de recursos, por lo que requirió conocer el presupuesto anual destinado a éstos. 

Consideró importante analizar en qué se está utilizando el presupuesto y qué se requiere para cubrir los ejes planteados. 

La diputada Jannete Guerrero Maya (PT) comentó que uno de cada tres guardias de seguridad de los centros penitenciarios capitalinos no está certificado, y preguntó sobre las medidas de control de confianza y el número de reos infectados con VIH. 

El congresista Federico Döring Casar (PAN) destacó que los centros penitenciarios de la capital ascendieron del lugar 24 al sexto en materia de derechos humanos, conforme a la CNDH, e interrogó sobre el funcionamiento de los inhibidores de señal de telefonía celular, para evitar extorsiones telefónicas, y sobre las personas sujetas a proceso penal por la fuga señalada. 

Resaltó que se deben consignaciones de funcionarios públicos y de particulares involucrados en la fuga. 

El diputado Emmanuel Vargas Bernal (MORENA) pidió abundar sobre los probables responsables de la fuga y solicitó conocer el perfil, salario y prestaciones de los custodios. 

Finalmente, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León (MORENA) indicó que la atención de las personas detenidas tiene un costo para la capital de 159 millones de pesos al año, además de un fuerte impacto en materia de seguridad; y comentó que esta mesa de trabajo es un punto de partida para analizar la situación del sistema penitenciario.