La coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, Diputada Martha Ávila, junto al vicecoordinador, Diputado José Luis Rodríguez, y la Diputada Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, recibieron una sugerencia de iniciativa por parte de diversas organizaciones sociales, civiles y activistas para  reformar el Código Civil local, con el  objetivo de garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia de COVID-19.

La propuesta presentada por las organizaciones 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez; Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL); Movimiento Urbano Popular; Red de Desalojados de la Ciudad de México y los activistas Carlos Escoffié y Miguel Aguas, plantea reformar los artículos 2398 y 2406, y adicionar los artículos 2406 Bis, 2425 Bis y 2431 Bis al Código Civil para el Distrito Federal, a fin de garantizar la vivienda a todas las personas con arrendamientos asequibles, que prevean gastos soportables ante una emergencia sanitaria, como la del COVID-19, y garantizar la seguridad jurídica de la tenencia, para evitar desalojos arbitrarios.

“Hoy, en nuestro papel de representantes populares recibimos a nombre del Congreso de la Ciudad de México, esta sugerencia de reforma al Código Civil para garantizar, frente a la pandemia, el derecho a la vivienda de las familias que arriendan el inmueble que habitan”, expresó la coordinadora del grupo mayoritario.

En este sentido, la Diputada Valentina Batres destacó que el Grupo Parlamentario de MORENA está comprometido con las causas sociales, “por lo que acogemos su propuesta y nos convertiremos en su voz para someterla a la consideración del Congreso, esperando contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas, con la intención de generar mejores condiciones de certeza en materia de tenencia de vivienda”.

La iniciativa plantea la posibilidad de renegociar el pago de alquileres, así como los derechos y obligaciones de las personas frente al arrendamiento, que se pueda dar a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. Asimismo, a decir de los proponentes, el siguiente paso podría incluir el análisis de una Ley Inquilinaria para la Ciudad de México, que vele por los derechos de los arrendadores y arrendatarios.

Para el vicecoordinador José Luis Rodríguez, la propuesta marca la pauta para iniciar un proceso de análisis que lleve a modificar el paradigma del arrendamiento en la Ciudad de México, “nos da la posibilidad de avanzar y de sentar las bases para que podamos trabajar en el análisis de la creación de leyes de carácter inquilinario, donde se establezca con mayor claridad cuáles son los alcances, cuáles son los derechos y cuáles son las reglas que deben existir para quienes tienen una necesidad de generar un arrendamiento de un inmueble, particularmente para vivienda", manifestó.

Para las organizaciones y activistas promoventes, esta reforma al Código Civil resulta necesaria para atender la emergencia sanitaria de la actualidad, tanto para renegociar el pago de alquileres, reconocer derechos de las personas inquilinas, prever posibles desplazamientos y desalojos en tiempos de crisis, como para instaurar mecanismos que eviten conflictos entre las personas que contraten un arrendamiento.

“Esta iniciativa representa un ejercicio real de construir políticas públicas con una base ciudadana, ya que responde a un problema público que afecta a miles de familias que habitan en nuestra ciudad, quienes de manera organizada han buscado una solución legal que hoy hacen llegar al Congreso local”, concluyó la Diputada Ávila Ventura.

Además de los legisladores, en la conferencia de prensa también participaron Jaime Rello, integrante del Movimiento Urbano Popular y Red de Desaladso; Silvia Emanuelli de la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL); Sergio González de la 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez; Lucino Rangel, abogado del Movimiento Urbano Popular y el activista Carlos Escoffié.

Concluyeron al mencionar que es necesario conocer el contenido de la iniciativa y hacer las observaciones pertinentes, en atención al proceso que se enmarca en la Constitución y en los ordenamientos que rigen la vida interna del Congreso.