Con el fin de inhibir las faltas administrativas graves de servidores públicos, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez,  pretende endurecer las sanciones al inhabilitar al infractor con penas de tres a 12 años y de 12 a 24 años si dicho monto excede el límite establecido en la ley, es decir cuatro administraciones sin ocupar un cargo.
Para el propósito, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, propuso una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el artículo 78 fracción IV párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo fin es aumentar el periodo de inhabilitación que se les impone a quienes cometen cohecho, peculado, desvió de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento
oculto o ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia.
Dijo que actualmente los ilícitos de este tipo se sancionan con una inhabilitación para ejercer un cargo público de uno a 10 años, si el monto de la afectación no excede de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida (UMA) y de 10 a 20 años si dicho monto excede de dicho límite.
Nazario Norberto explicó que con esta reforma, “se pretende disminuir la afectación y daño que se ocasiona al debido funcionamiento de la prestación del servicio público; eliminar y erradicar la impunidad; combatir la corrupción, disminuir y erradicar el menoscabo que se produce con estas conductas al erario público y dotar de certeza y seguridad jurídica a la ciudadania de que los servidores públicos se conduzcan con probidad, integridad, responsabilidad, profesionalismo y honestidad para el cargo o comisión que les fue encomendado”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso  de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, informó que el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Actualmente en México, contamos con un Sistema Nacional Anticorrupción. En México del año 2013 al 2018 se tuvieron poco más de 2,500 funcionarios sancionados por negligencia administrativa, incumplimiento de declaración de situación patrimonial, abuso de autoridad, Violación Leyes y Normatividad Presupuestal, Violación Procedimientos de Contratación, Cohecho o Extorsión, Ejercicio Indebido de sus funciones en materia migratoria y Violación a los
Derechos Humanos.
Entre enero de 2015 y julio de 2019, uno de cada 100 delitos cometidos por servidores públicos en la Ciudad de México fue sancionado con la inhabilitación del funcionario a nivel estatal, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Puebla y la Ciudad de México encabezan la lista con 298 y 152 registros de inhabilitación, respectivamente. Los delitos fueron principalmente negligencia administrativa con 1495; Incumplimiento de declaración de situación patrimonial 338;  Abuso de autoridad 290; Violación Leyes y Normatividad Presupuestal 175; Violación Procedimientos de Contratación 118; Cohecho o Extorsión 101; Ejercicio Indebido de sus funciones en materia migratoria 41 y Violación a los Derechos Humanos 6.
El número de funcionarios sancionados de 2013 a 2015 se mantuvo sin grandes cambios, sancionando cada año aproximadamente a 300 funcionarios. En 2016, hubo un incremento de 16% con respecto a 2015.
Además, para 2017 este número se incrementó en casi 100%, llegando a 700 sancionados. Para 2018 disminuyó, pero sólo en 7%. En términos totales, si consideramos los 6 años que van de 2013 a 2018, se tuvieron poco más de 2,500 funcionarios sancionados. Más del 50% de este total, se registró entre 2017 y 2018.
Las dependencias con mayor número de sanciones son la Policía Federal, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad, que juntas representan casi el 40% del total de funcionarios sancionados.
Si, consideramos el año con más sanciones desde 2013, es decir, el 2017, podemos observar que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son las tres instituciones con más sanciones en ese año.
En 2018 las instituciones más sancionadas fueron la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Mexicano del Seguro Social. De esta manera, podríamos comparar la tasa de sanción entre distintas dependencias.
Finalmente, Nazario Norberto dijo que es importante mencionar que México avanzó ocho lugares en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en el 2019. Se ubica en el lugar 130 entre 180 países y territorios que fueron medidos en comparación con el año 2014, cuando México fue calificado con 35 puntos de 100 posibles, mejorando 8 posiciones respecto a 2018, por lo cual, dijo, “se debe continuar trabajando en combatir la corrupción y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”.