En respuesta a denuncias ciudadanas de los últimos años, el  pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa a realizar operativos de verificación a los conductores de la Ruta 25 del transporte público concesionado e imponer las sanciones correspondientes, en caso de incumplimiento a la norma vigente en la materia.

Asimismo los diputados locales solicitaron a las autoridades de la Secretaría de Movilidad remitir a esa soberanía un informe con los resultados obtenidos en los operativos de verificación sobre las condiciones de seguridad en el transporte concesionado, en particular de los ramales de la Ruta 25. 

En la sesión ordinaria del Congreso local, vía remota, la Comisión de Administración Pública Local presentó el dictamen correspondiente, con modificaciones, al punto de acuerdo presentado por los legisladores Guadalupe Morales, José Luis Rodríguez, Guadalupe Aguilar, Lourdes Paz, Esperanza Villalobos, Leticia Estrada, Isabela Rosales, Yuriri Ayala, Leticia Varela, Temístocles Villanueva, Ricardo Fuentes, Emmanuel Vargas, Miguel Ángel Macedo y Leonor Gómez, en donde dan a conocer una serie de denuncias de usuarios de la Ruta 25.

Los diputados promoventes exponen que los choferes del mencionado ramal, de acuerdo a la ciudadanía, “circulan en sentido contrario al establecido y fuera de la ruta concesionada, particularmente la ruta establece que deben circular sobre avenida Eugenia, sin embargo, con la finalidad de recoger pasaje, se debían sobre cerrada de Ameyalco, lo que ocasiona caos vial”. 

De igual forma, los conductores “son menores de edad; utilizan el celular para realizar llamadas o enviar mensajes mientras manejan la unidad; hacen base en lugares no permitidos, y no respetan los señalamientos viales ni los semáforos”, cuando los distintos ordenamientos que regulan al transporte público de pasajeros señalan que los operadores deben respetar la normatividad vigente en la Ciudad de México y no realizar acciones que las contravengan.

Con base en lo anterior, es necesaria una revisión de las autoridades capitalinas en caso de presentarse situaciones en donde se adviertan conductas inadecuadas. En ese sentido y de acuerdo a la Ley del Instituto de Verificación Administrativa local, corresponde al Instituto practicar visitas de verificación administrativa en materia transporte público. 

A su vez, la Ley de Movilidad, en su artículo 251, señala: “A quien en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, modifique o altere los itinerarios o rutas, horarios, equipos para determinar la tarifa o las condiciones de prestación del servicio en los términos de la ley, de la propia concesión y de las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, se sancionará con multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente”.

A nombre de la comisión dictaminadora, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa expuso que aproximadamente 70 por ciento de la población capitalina utiliza el transporte público de pasajeros concesionado y el mayor número de las unidades son incómodas, inseguras y un gran número de ellas superó su vida útil, de acuerdo a información de la Secretaría de Movilidad.

Subrayó que las acciones de verificación deben realizarse de manera coordinada  por las mencionadas dependencias, para garantizar que los choferes de la Ruta 25 presten el servicio en el itinerario y paradas autorizadas y evitar con ello que incurran en las conductas que han sido denunciadas por la ciudadanía.