Al paso de los años las políticas públicas a favor de grupos vulnerables no han tenido grandes avances, y cuenta de ello es, que las personas transgénero, travestis y transexuales se encuentran entre las poblaciones más discriminadas y excluidas de acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el INEGI”.

Así lo explicó la diputada local del PRI, Silvia Sánchez Barrios, quien se pronunció a favor de garantizar a la población trans el ejercicio del derecho a una vida segura, a la identidad, al libre desarrollo, su derecho al acceso a la salud y al trabajo en condiciones de igualdad”, tras considerar que “hasta la fecha nos seguimos encontrando, qué en el ámbito laboral, en lo privado y en lo público, la población trans sufre exclusión y discriminación”.

Durante su propuesta de reformas a diversos ordenamientos legales, la legisladora priista enfatizó que “desde los gobiernos y los órganos de representación popular, es fundamental crear mecanismos de acción afirmativa que vayan corrigiendo los estigmas, las discriminaciones y las desigualdades y con ello garantizar la inclusión laboral para las personas trans”.

Ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México propuso, que la cuota sea de un 2% para que se conviertan en servidores públicos, no solo dentro de la Administración Pública Local, del poder ejecutivo, “sino también del Poder Legislativo, Judicial, organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos, El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, el Instituto Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral y la Universidad Autónoma, todas de la Ciudad de México”.

Precisó, que de acuerdo a la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2019, el 53% de las mujeres trans y 40.9% de hombres trans, han sentido la negación injustificada de algún derecho.

“Llevándolo al plano de los espacios de trabajo, el 55.4% de los hombres trans y el 59% de las mujeres trans, han escuchado o visto comentarios o conductas negativas hacia una compañera o compañero por su Orientación Sexual e Identidad de Género”, comentó.

Por otro lado, refirió que el 42.3% de los hombres trans y el 43.6% de las mujeres trans, han experimentado comentarios, conductas o actitudes negativas por su Orientación Sexual e Identidad de Género.

Dio a conocer también, que en México se calcula que el 11% de la población se considera no heterosexual según la encuesta LGBT+ Orgullo 2021, de los cuales, el 1% se consideró como transgénero, no binario, de género fluido o de otra manera. “En este 1% de la población transgénero, transexual y travesti, se calcula que solo el 5% de este grupo ejercen una profesión, dejando casi en 90% la tasa de desempleo”.

De acuerdo a las cifras anteriores, “se destaca la situación vulnerable que viven los miembros de la diversidad sexual frente a un desempleo promedio al 4% para la población económicamente activa, en otras palabras, de cada 100 ciudadanos económicamente activos, solo 4 están desempleados y por el otro lado de 100 miembros transgénero, transexual y travesti, 90 están desempleados. Lo que deja al descubierto la brecha, el estigma y las barreras existentes que perpetúan las condiciones de exclusión social y económica que impiden la libre determinación de los ciudadanos”.

“En términos de derecho comparado, son varios países de la región quienes han implementado este tipo de medidas, por ejemplo: en 2017 en Uruguay, se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que contempla medidas de identidad legal, salud física y mental, así como inclusión en el mercado laboral”.

Mientras que en 2021 en Argentina, se aprobó el decreto 721/2020 que da incentivos fiscales en el sector privado y establece un cupo de trabajo de 1% del total de cargos en los 3 poderes del Estado Nacional Argentino para personas travestis, transexuales y transgénero.

Entonces, dijo, “estas buenas prácticas ejemplifican la evolución y reivindicación del trabajo gubernamental para reconfigurar las condiciones sociales de un grupo poblacional”, por lo que considera que su propuesta es viable y requiere su aprobación, para que la Ciudad de México brinde apoyo a ese sector de la población.

“Es fundamental no solo eliminar las barreras, sino detonar acciones afirmativas que permitan corregir y reequilibrar las oportunidades para una vida digna de libre determinación para este grupo poblacional, prioritario históricamente, pero discriminado y excluido social y laboralmente”, precisó.

Por lo que el día de hoy, la legisladora Silvia Sánchez Barrios presentó en tribuna el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México, de las alcaldías, del poder judicial, el Código de instituciones y procedimientos electorales, así como de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la capital en materia de acceso laborar de este grupo al servicio público”.