Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de contratación de obra pública en la Ciudad de México, el diputado Mario Enrique Sánchez Flores propuso reformas a la ley en la materia para garantizar que quien haya utilizado una empresa para cometer irregularidades, no pueda crear otra ni participar en estos procesos.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para modificar el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, a nombre propio y de su compañera de bancada Claudia Susana Pérez Romero.

Explicó que dicha iniciativa busca fortalecer los mecanismos de prevención de simulación y evasión en la contratación pública, así como los impedimentos para participar en procedimientos de obra pública.

“Presentamos una reforma al Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México para cerrar el paso a las empresas fachada, las sociedades espejo y los prestanombres utilizados para evadir sanciones.

Porque una empresa no simula ni evade la ley por sí sola; detrás existen personas que toman decisiones, ejercen el control y reciben los beneficios”, señaló.

En ese contexto, el congresista explicó que se han identificado más de tres mil 500 contratos con empresas catalogadas como facturadoras de operaciones simuladas, y que cada peso entregado en estas acciones deja de atender una necesidad real de la población.

“Por eso proponemos concretamente que cuando la Contraloría advierta posibles faltas administrativas graves en una contratación de obra pública, integre el expediente y lo remita a la autoridad competente para su investigación y resolución”, puntualizó el panista en la sesión virtual.

Agregó que esta reforma busca establecer que cuando exista una resolución firme y se acredite que una persona ejercía el control efectivo o era beneficiaria controladora de una empresa sancionada y participó de forma directa y dolosa en los hechos, quedará impedida para contratar por sí misma o mediante terceros.

Sánchez Flores aclaró que su iniciativa no persigue a empresarios ni castiga la inversión, sino que protege a quienes generan empleos, cumplen obligaciones y compiten limpiamente frente a las personas que utilizan trampas para beneficiarse del erario.

“Podrá cambiar el nombre de la empresa; podrán sustituir al prestanombre; podrán modificar el logotipo, pero la responsabilidad cuando haya sido plenamente acreditada, no deberá borrarse.

Cerremos las puertas a la simulación; hagamos que las sanciones se cumplan”, comentó el representante popular.

Al concluir su intervención, la Mesa Directiva informó que la iniciativa será analizada por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de este órgano legislativo.