Representantes de la empresa Autobuses Troncales Lomas (Atrolsa) acusaron al titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), Rufino H. León y a Meyer Klipp, director del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEADF), de solapar y proteger al grupo de transportistas ilegales que prestan servicio de manera ilegal en las cuatro rutas del Corredor Chapultepec-Lomas, acompañados de golpeadores.

A 2 meses de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, diera el banderazo de salida para que los autobuses de Atrolsa ofrecieran un servicio de transporte de alta calidad en el mencionado corredor, los empresarios y transportistas reportan pérdidas por 7 millones 350 mil pesos a causa de la competencia desleal que representa un grupo de 30 transportistas disidentes que usurpan el recorrido, sin cumplir con la normatividad establecida por el gobierno capitalino.

“El 30 de octubre de 2014 nos dio el banderazo de salida Miguel Ángel Mancera, dimos el servicio gratuito durante tres días y tres días después, el 5 de noviembre, comenzaron a trabajar de manera ilegal y al amparo de las propias autoridades, 30 unidades cuyos propietarios decidieron no unirse al proyecto de modernización”, explicó Francisco García Olmedo, secretario del Consejo de Administración de Atrolsa, cuyos autobuses corren por los ramales Metro Chapultepec-kilómetro 14, Metro Chapultepec-Palmas kilómetro 13; Metro Chapultepec-Tecamachalco y Metro Chapultepec-Circuito Duraznos.

De igual forma, precisó que confiando en las promesas del jefe de Gobierno, Atrolsa realizó una inversión por 115 millones de pesos e inició la sustitución de 106 autobuses viejos por 85 nuevos de 10.5 metros de longitud, con cámaras de vigilancia, sistemas de localización satelital (GPS) y operadores capacitados; pagaron el derecho de concesión exclusiva, el reemplacamiento y todos los requerimientos establecidos por las autoridades. 

Tras haber cumplido con todos los requerimientos de las autoridades, recibieron en exclusividad la concesión del corredor Metro Chapultepec-Lomas-Palmas; sin embargo 30 transportistas se negaron a hacer las modificaciones y a pesar de ello, las autoridades no han impedido su circulación.

“Este grupo opera de forma ilegal y sin realizar ninguna inversión; violentan la ley de manera abierta, sin que la Secretaría de Movilidad y el INVEA, que deberían ofrecer certeza jurídica y económica a las empresas que apostamos por el proyecto de modernización del transporte, no meten las manos y por el contrario, arropan a estos grupos disidentes”, manifestó Miguel Ángel Suárez Herrera, gerente de Atrolsa, tras subrayar la impunidad con la que han venido operando estas unidades en perjuicio de los proyectos para ofrecer un transporte de calidad a la Ciudad de México.

En este sentido, apuntaron que si bien el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera ha impulsado un discurso donde promueve la construcción de una mejor movilidad para la capital del país, en los hechos la omisión del secretario de Movilidad, Rufino H. León y los brazos cruzados del Instituto de Verificación Administrativa, dan reversa a todos los proyectos de mejoría. 

“Arropados por SEMOVI y el INVEA, estos grupos dan ejemplo para que otros más operen lejos de la modernización, sin cumplir con los requisitos que marca la Secretaría; algunos sin placas y sin formalidad alguna, siguen circulando con total impunidad en los recorridos que nos fueron autorizados como exclusivos”, precisó Suárez Herrera.

Finalmente, explicaron que lejos del proyecto original que contemplaba dar servicio a 76 mil usuarios, la intromisión de los disidentes ha propiciado que sólo atiendan a 50 mil pasajeros-día, lo que representa una pérdida económica cercana a los 105 mil pesos cada jornada y en 70 días de conflicto, la cifra ya llega a los 7 millones, 350 mil pesos.

“Con esta experiencia podemos asegurar al resto de los transportistas que no vale la pena cumplir con los requerimientos de las autoridades. Nosotros estamos cumpliendo con la normativa del Gobierno del Distrito Federal y, sin embargo, no estamos viendo esa retribución, a través de que retiren esos servicios ilegales”, concluyó el gerente de Atrolsa, luego de anticipar que de continuar la situación sin cambio, procederán jurídicamente en contra de quienes resulten responsables en la SEMOVI y el INVEA, dependencia responsable de remitir a todo vehículo pirata.