La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, asistió al informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), en donde hizo un llamado a analizar y discutir la construcción de una comisión más fuerte y con mayores facultades, para que pueda incidir y garantizar que no se repita la violación de derechos y libertades.

Al asistir como invitada especial, la mandataria capitalina convocó a las organizaciones sociales, autoridades, legisladores y activistas para colocar como prioridad la garantía de los derechos humanos y su compromiso para avanzar y convertir a la capital como la ciudad más defensora de derechos y libertades del país.

“Deberíamos retomar ese debate y avanzar a lo que nosotros llamamos el segundo piso de la transformación, y tener una Comisión de Derechos Humanos con más fuerza, con más elementos que garanticen no sólo que se prevengan, sino que cuando se violen los derechos humanos, tenga fuerza para poder incidir y garantizar que no se vuelva a repetir”, propuso.

Subrayó que lo mejor que puede tener la Ciudad de México, como una urbe de avanzada en derechos, es una Comisión de Derechos Humanos fuerte, un organismo autónomo que luche, que defienda y que apoye a las personas que sean víctimas de cualquier discriminación o violencia.

En ese sentido, reconoció el trabajo de la CDHCM a lo largo de 30 años, como un organismo fundamental en la vida democrática de la ciudad, en particular, en el periodo que ha estado al frente Nashieli Ramírez, que ha permitido realizar un trabajo alternativo y estrechamente vinculado con la población, lo que ha fortalecido su atención de forma rápida y eficaz.

“Una de las tantas acciones que ha hecho esta comisión es la de descentralizar su actuación, y eso yo lo valoro muchísimo. Nosotros estamos empeñados en descentralizar el Gobierno de la Ciudad y lo vamos a hacer, por supuesto, pero la comisión ha logrado territorializar su trabajo”.

Al rendir el Informe Anual 2024, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que durante su gestión se ha tenido a la Constitución Política local como hoja de ruta. De ese modo, la Comisión ha trabajado en construir herramientas para la justicia social, lo que se refleja en diversas consultas, informes, vinculaciones, conciliaciones, mediaciones, acompañamientos e instituciones inmediatas.

“En estos casi ocho años, la comisión ha avanzado y la ciudad también. Es preciso que tengamos claridad en que se está recorriendo la ruta de la transformación, de transformaciones estructurales, pero que persisten pendientes”, mencionó.

Ramírez Hernández aseguró que dejará robustecido el engranaje institucional de la CDH local para enfrentar los retos diarios de la capital y también se fortaleció la participación de las personas en los procesos de defensa y promoción de derechos humanos.

Resaltó que en este tiempo la comisión trabajó de la mano con colectivos, organizaciones, sector académico y de la investigación, así como con servidores públicos, alcaldesas, alcaldes y con la propia Jefa de Gobierno, por lo que agradeció a todas las personas con las que se tuvo colaboración. También reconoció a todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos capitalina por su esfuerzo.

Finalmente, el integrante cofundador de Servicios y Asesoría para la Paz, Miguel Álvarez Gándara, dijo que los derechos humanos son un proceso vivo y ha quedado atrás la época en que el Estado tenía la gracia de conceder y garantizar unilateralmente los derechos, sino que hoy los derechos humanos ligados a la dignidad están recuperando el sentido, cuya valoración principal son la ciudadanía, las víctimas y los movimientos sociales.

“Esto implica que hoy los derechos humanos no sólo son una tarea de construir Estado, sino una tarea de construir sociedad, de acompañar el proceso de los sujetos para que los derechos humanos se vivan y no dependan del grado en que el Estado los reconozca o los garantice”, concluyó.

Al informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, acudieron legisladores locales y federales, integrantes del gabinete de la administración pública local y funcionarios del Gobierno de México, además de miembros de organizaciones de la sociedad civil.