Para garantizar una implementación seria y progresiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) que garantice servicios de calidad para quien acude a buscar justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, acudió ante integrantes de la Comisión de la Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México para proponer una prórroga en la puesta en operación de las etapas 2 y 3 de dicha legislación.

Ante las y los diputados encabezados por Alberto Martínez Urincho, Guerra Álvarez recordó que el PJCDMX inició la implementación el 1 de diciembre de 2024 y sostuvo que posponer las siguientes etapas es ser responsables con una transformación que tiene consecuencias reales en la vida de las familias de esta ciudad.

Además, aseguró que el compromiso es que la justicia funcione, que llegue a tiempo, con calidad y sin tropiezos. Av. Juárez 8, Centro Tel: 55 91 56 49 97 Extensión 110305 www.poderjudicialcdmx.gob.mx El Presidente del TSJ subrayó que el arranque de la legislación fue operativo y sus resultados están a la vista, pues desde su inicio hasta la fecha, se han recibido aproximadamente 11 mil demandas en materia civil y más de 20 mil en materia familiar.

“Estamos hablando de aproximadamente el setenta por ciento de los conflictos que atiende el Poder Judicial de la Ciudad de México y este dato no es menor, es la estabilidad y la paz social de millones de personas. No estamos posponiendo por comodidad. Estamos siendo responsables con una transformación que tiene consecuencias reales en la vida de las familias de esta ciudad”, agregó.

Tras informar que la fecha propuesta como máxima para la entrada en operación de la segunda y tercera etapa es el 1 de abril de 2027, recordó que, al momento de aprobar las fechas de implementación no se tenía certeza sobre la reforma judicial, situación que no se podía prever y que afectó el proceso de puesta en marcha del nuevo sistema de justicia civil y familiar, mismo que nació para homologar los estándares de calidad en todos los poderes judiciales del país.

Aseguró que enfrentar estos dos procesos de transformación de manera simultánea requiere de armonización, capacitación de todas las personas servidoras públicas, incluidas las recién electas, ajustes en infraestructura física y tecnológica; así como la incorporación de los nuevos paradigmas del sistema como son el uso de tecnologías de la información, la metodología del sistema de audiencias, el modelo de gestión judicial corporativo y las herramientas de protección a derechos humanos que exige el CNPCyF. Guerra Álvarez sostuvo que todo el proceso toma tiempo; sin embargo, “ese tiempo, bien usado, es una garantía de calidad para quien acude a buscar justicia”.

En su intervención, el diputado Martínez Urincho afirmó que la Comisión a su cargo revisará las adecuaciones necesarias para fortalecer los servicios de la justicia y que, desde su competencia, han observado avances en la consolidación de la nueva legislación de las materias civil y familiar. 2 En tanto, el diputado Alberto Vanegas Arenas sostuvo que el PJCDMX ha actuado de manera responsable para garantizar la estabilidad y la paz social, por lo que se respaldará la propuesta que buscas consolidar una justicia de calidad.

En el acto en el que también estuvieron presentes las diputadas Ana Buendía, Elizabeth Mateos, Judith Vanegas y el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, la diputada Jannete Guerrero Maya subrayó que entienden los motivos de la prórroga y reiteró que se analizará en la Comisión con el objetivo de apoyar propuestas que mejoren la calidad de vida de los capitalinos, en este caso, el acceso a la justicia.