La diputada del PRD, Elizabeth Mateos Hernández condenó enérgicamente la amenaza de muerte y agresión violenta perpetrada por activistas de Morena en contra de adultos mayores en el Barrio Santiago Norte de la Delegación Iztacalco, por lo que demandó la intervención urgente de las autoridades para deslindar responsabilidades, porque este tipo de agresiones deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley.

La legisladora del Partido del sol azteca acompañó la decisión de los afectados, ambos adultos mayores, quienes acudieron ante la Procuraduría General de Justicia de la CDMX a denunciar la agresión que les provocó lesiones físicas.

Los hechos ocurrieron el sábado (ayer), en la Unidad Habitacional Barrio Santiago Norte, de la Delegación Iztacalco, Blas Flores y su esposa Catalina, vecinos de la Unidad y adultos mayores ambos, decidieron hacer uso del área común, lo que derivó en una disputa verbal con Flor de María Bautista, quien ilegalmente se ha apoderado de la misma. De las palabras vinieron las agresiones verbales, apoyadas por un grupo de simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Encabezados por la señora Flor de María y Nayelli Cruz Bautista (madre e hija) el grupo agresor lastimó física y verbalmente a Catalina María Elena Sotre. Además, retuvieron privados de su libertad, de manera ilegal y en contra de su voluntad, a Catalina María y a su esposo Blas Flores Castro, por un lapso de media hora.

Blas Flores expresó que su esposa Catalina fue agredida física y verbalmente por Flor de María y su hija, y que fue retenido y amenazado de muerte por los integrantes de Morena, razón que lo motivó a presentar ante la PGJDF una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable, por agresiones, amenazas y por cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física y la de su esposa.

Ante la gravedad de los hechos, la legisladora Mateos Hernández reprobó cualquier acto de violencia política y exigió la pronta intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, la PGJDF, del Instituto Electoral de la CDMX y del Instituto Nacional Electoral, así como de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, para que actúen y apliquen las sanciones correspondientes, a fin de garantizar un proceso electoral en el marco de la ley y con respeto al derecho a la voluntad ciudadana.

Las autoridades no deben soslayar este tipo de agresiones perpetradas por organizaciones violentas, que vulneran el Estado de Derecho y la tranquilidad de los ciudadanos, finalizó Mateos Hernández.