Luis Alberto Alonso   @ikaro_46

Continúa la divergencia entre el discurso oficial que se ofrece a la opinión pública y las necesidades técnicas para la óptima rehabilitación de la Línea 12. Pese a que se advierte desde el Gobierno central que la discusión es específicamente técnica, la Consejería Jurídica debe analizar la parte económica.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), reiteró lo dicho por el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Alfredo Hernández, respecto de la celeridad necesaria en los trabajos que conlleven a la reapertura de la Línea Dorada.

Durante la conferencia de prensa brindada por Alfredo Hernández, éste aseguró que “el compromiso por acelerar los trabajos y concluirlos en el mes de noviembre está en la mesa”. Antes de aseverar que las labores se “aceleran”, el mismo había asegurado que “la rehabilitación avanza conforme a lo planeado”.  Sin embargo, no será sino hasta mediados de mes, cuando los sustitutos de las piezas que serán cambiadas, comiencen a llegar de Europa.

Como hemos informado en este espacio, el Programa General de Rehabilitación presentado ante la presidencia de la Comisión Especial Investigadora de la Línea 12 del Metro integrada por los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dicta que hacia finales del mes de noviembre y por lo menos hasta mediados de diciembre, aún se llevarán a cabo varios tipos de pruebas.

Al ser cuestionado al respecto ante la confusión que genera la información oficial a manera de discurso e informes realizados conforme a resultados, Miguel Ángel Mancera aseguró el pasado 13 de febrero que “nosotros –GDF en general- tenemos el compromiso de noviembre, todo está planeado y programado para que la reapertura sea en noviembre”.

Estas aseveraciones fueron secundadas por Alfredo Hernández durante la lectura que el mismo realizó del Informe de Avances Técnicos en su poder. Así estipulado por las órdenes de Mancera, quien encomendó a la Sobse como la Secretaría encargada de supervisar las obras que la iniciativa privada lleva a cabo en el área.

No obstante, la información vertida por el jefe de Gobierno se contrapone de un momento a otro. Y es que en algún momento se precisó que las piezas que se sustituirán en el tramo elevado de la Línea Dorada arribarían a nuestro país en el mes de marzo, pero ayer se informó que no será sino hasta el próximo mes de junio, por lo que, se infiere, se aduce una “aceleración” en las obras realizadas en el sitio.

Además, aseveró Mancera, “el compromiso –de reapertura- sigue en pie…Por supuesto que tenemos prisa, nada más debe estar con los estándares de seguridad y las certificaciones de óptimo funcionamiento”. Aún así, no se ha dado un lapso de tiempo que establezca el fin de las obras y el plazo para la certificación.

¿Quién pagará las modificaciones a los trenes?

También en este mismo espacio, puntualizamos que el costo de adecuación de los trenes es un problema añadido a la fecha de reapertura asegurada por las autoridades del GDF.

“La empresa CAF ha aceptado llevar a cabo las recomendaciones de Systra para empatar el concepto del nuevo diseño de la vía con el del tren ya con las recomendaciones que se han puesto en la mesa”, aseveró Hernández García durante la lectura de su informe, pero omitió dar cuenta de quién si el Gobierno central asumirá el costo de tales labores o lo hará la empresa.

Al cuestionársele, Mancera Espinosa desconoció el tema a la vez que cedió la responsabilidad de tal respuesta al titular de la Consejería Jurídica, José Ramón Amieva. De tal modo, aseguró, “todo lo de la Línea 12 hay que verlo con la Consejería Jurídica. Ahí tenemos el punto claro”.

No se esperan culpables a corto plazo.

Por otra parte, al ser cuestionado por la falta de culpables por el respectivo caso –no contabilizando las sanciones administrativas y económicas impuestas por la Contraloría-, afirmó que a un año del cierre de la Línea no se pueden pedir resultados en materia jurídica.

La razón, detalló, es que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ) no ha tenido la suficiente participación para poder emitir dictamen alguno.  

“Los trámites jurídicos llevan su curso. En el año mismo no se podría contabilizar la participación de la Procuraduría. No tiene un año. Primero tienes que ver la parte de la Contraloría y luego la Procuraduría (sic)”, finalizó