Luis Alberto Alonso   @ikaro_46

De acuerdo a información publicada por el diario REFORMA, el ahora diputado local perredista Víctor Hugo Romo incurrió en irregularidades financieras hasta por 46.2 millones de pesos de origen federal en su paso por la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo. Aunque el caso es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), Miguel Ángel Mancera aseguró que la Contraloría General capitalina también iniciará una investigación al respecto.

En la edición de este 23 de septiembre, en las páginas de este medio se informó que con acceso a documentos pertenecientes a la dependencia federal, como resultado de las auditorías practicadas al periodo de gestión de Romo Guerra, este monto ha sido calculado como parte de un acumulado en diversos rubros.

Poco antes de las siete de la mañana, tanto Romo como la administración actual de Miguel Hidalgo, a cargo de Humberto Morgan, descalificaron lo publicado por REFORMA.

“Esta imputación es absolutamente falsa y carente de todo sustento”, aseveró en comunicado Romo Guerra, quien en fechas anteriores recibiera el premio del Info-DF a nombre de la Miguel Hidalgo por sus avances en materia de transparencia.

Puntualizó que “los señalamientos hechos se basan en documentos de trabajo con concluyentes y la interpretación que de los mismos que se hace no corresponde con la realidad”.

En tanto, sin que haya instrucción alguna por parte de la dependencia federal sobre un proceso de investigación, el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, aseguró haber girado instrucciones a la Contraloría General capitalina para investigar el caso y a la titular de la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, con el fin de que supervise estas labores.

“Ya tiene instrucción la Contraloría que se investigue, tiene la instrucción, y la secretaria de Gobierno también tiene la instrucción de estar pendiente con Contraloría”, comentó.

La razón, argumentó, yace en el hecho de que cuando hay señalamientos de este tipo en relación con servidores públicos, “la autoridad local también tiene que realizar su investigación”.

No obstante, omitió dar detalles del proceso que se seguirá para investigar el caso, toda vez que, como se indica en la nota que dio origen a este escándalo, los recursos provienen de la Federación por concepto del Ramo 23 Programas Regionales.

Aunque el Gobierno capitalino funge como intermediario entre el Gobierno Federal y las 16 delegaciones políticas para el aprovechamiento de estos recursos, Mancera Espinosa se limitó a revelar que se investigarán “los hechos que están denunciados (sic) y lo que ya se tiene además de la comunicación con las instancias federales”.

Finalmente, a falta de citar las normativas que rigen a los servidores públicos, dijo que las consecuencias dependerán “de las gravedades que se pudieran comprobar o dejar de comprobar”.