La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que no dará tregua en el combate a la extorsión y por ello presentó la estrategia integral de su administración contra este delito, conformada por acciones legislativas para endurecer las penas; un modelo de atención y combate, así como una campaña informativa y el inicio de operaciones de la línea telefónica 5550363301.

“Sabemos que lo más importante para este gobierno es la seguridad de las personas, así que no queremos dar tregua para combatir este delito; y con esta estrategia vamos a detener y desalentar estas prácticas, que se han convertido en un flagelo para los habitantes de la Ciudad de México. De eso se trata esta estrategia integral”, sostuvo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina explicó que la estrategia deriva del trabajo del Gabinete para la Construcción de Paz y Seguridad; el primer componente es la iniciativa que se enviará esta semana al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal local y endurecer las penas contra la extorsión en sus diversas modalidades y contra el cobro ilegítimo de deudas, conocido como “gota a gota”.

“Dejará de ser un delito que solo atañe al patrimonio, como ahorita está, para contemplar el daño que causa en la dignidad, en la integridad física o psicológica de las personas; se busca sancionar no solo el propio delito de ejercer violencia física o moral, sino la amenaza también; el objetivo es aumentar la pena de este delito y también en esta reforma el delito de extorsión podrá perseguirse de oficio”, agregó. 

Otro eje de la estrategia es la atención de estos delitos y detalló que se van a fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lo que incluye la creación de una Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, así como la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Extorsión, respectivamente. 

Clara Brugada, resaltó que en materia preventiva se llevarán a cabo mil talleres y pláticas dirigidas a redes vecinales, comerciantes, sector empresarial, entre otros, además del inicio de la campaña “Juntas y juntos contra la extorsión”, que se difundirá a través de medios de comunicación, carteles y trípticos para que la población sepa qué hacer ante casos de extorsión y conozca que es posible recibir ayuda del Gobierno capitalino las 24 horas del día todo el año. 

“El objetivo, entonces, es generar un ambiente en la Ciudad de México que rompa con el silencio. Hay un subregistro de denuncias, ya se habló de ello y queremos que la población tenga confianza y hay un mecanismo, que es una línea telefónica, pero pueden hacerlo a través de otras vías”, comentó. 

Por su parte, la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que con la iniciativa de reforma se crearán los artículos 148 quáter y 148 quinquies, en el Código Penal, para definir los delitos de extorsión y cobranza ilegítima, respectivamente, los cuales implicarán una pena de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con la finalidad de evitar la libertad bajo fianza. 

En el primer caso, añadió, se considera una lista de 14 agravantes que elevarían la pena inicial y que se derivan de un análisis hecho junto con la FGJCDMX, Tribunal Superior de Justicia local y expertos en la materia. 

“Esto nos llevó a considerar que debía agravarse la pena cuando el delito se cometiera también por servidores públicos o exservidores públicos; que se realice también usando medios de comunicación electrónica, como los celulares, correos electrónicos o los mensajes de WhatsApp; por personas que simplemente se ostenten como miembros de un grupo delictivo; y, contra comerciantes y transportistas; o bien, para atender el cobro de algún daño derivado de un hecho de tránsito, mejor conocido como “montachoques”, entre otros supuestos”, describió. 

En cuanto a la reforma contra los cobros “gota a gota”, detalló que la adición al Código Penal establecería lo siguiente: “al que, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia, del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento para lograr el cobro e intimidación, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y multa de 2 mil a 3 mil Unidades de Medida de Actualización, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas de una profesión. Para la reparación del daño cometido, se estará en lo dispuesto en el artículo 46 de este Código”. 

En su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que el modelo de atención y combate a la extorsión se basa en la protección a las víctimas, incluida atención psicológica y jurídica; desactivar la amenaza y llevar a cabo las investigaciones para detener a los responsables y desarticular las células dedicadas a este delito.

“Dentro de los tipos de medidas de protección que se podrán desplegar de forma inmediata para apoyar a las víctimas, se incluyen los siguientes, es una lista que no es exhaustiva y cada caso podrá ameritar distintas medidas de protección: asesoría en manejo de crisis; visita inmediata a los negocios y establecimientos mercantiles para brindar asesorías in situ; la instalación de botones de pánico por parte del programa “Policía en mi Negocio” y la aplicación Mi Policía; la instalación de cámaras para el resguardo de los negocios; la implementación de Códigos Águila o de presencia temporal y periódica en las instalaciones por parte de la policía; o si el caso lo ameritara, el resguardo de las víctimas con seguridad personalizada”, describió. 

Agregó que el modelo de atención contempla una serie de medidas al interior de los centros penitenciarios, en colaboración con el gobierno federal. 

“Para ello se fortalecerá el esquema de aduanas y las revisiones aleatorias de estancias y dormitorios, actividad que realizamos en coordinación con la Secretaría de Marina del Gobierno de México, para asegurar dispositivos y la instalación posterior también de un nuevo equipamiento de inhibidores en los penales de la Ciudad de México”, afirmó. 

Pablo Vázquez dijo que en lo que va del año, se han detenido 305 personas vinculadas con el delito de extorsión, de las cuales 62 corresponden a octubre, mes en que inició la presente administración. 

Para la atención de denuncias, refirió, habrá una línea única contra la extorsión, un chatbot, además de la conformación de grupos vecinales y también se podrá acudir directamente a la SSC y la FGJCDMX. 

El coordinador general de Investigación Territorial en ejercicio de la suplencia de la persona titular de la FGJCDMX, Ulises Lara López, destacó que las iniciativas de reforma contra la extorsión van a fortalecer las tareas de investigación de la Fiscalía. 

“Con esto podemos solicitar técnicas de investigación como, por ejemplo, contar con los datos conservados de los números telefónicos que están siendo registrados con motivo de la extorsión; información bancaria o de las instituciones de banca múltiple donde se están llevando a cabo los depósitos. Tenemos la posibilidad de construir y definir con ello comparar las bases de datos telefónicas; pero también tenemos una amplia base de datos de voz o bases de datos con voces grabadas que pueden ser comparadas”, describió. 

Ulises Lara destacó que como parte de la estrategia será creada la Fiscalía especializada contra el delito de extorsión, que permitirá responder con mayor eficacia a las denuncias ciudadanas. 

En tanto, el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, anunció que hoy entró en operación la Línea única antiextorsión, con 15 personas operadoras por turno para una atención inmediata y capacidad de contestar 480 llamadas diarias. 

“Vamos juntos contra la extorsión a través del 55-5036- 3301, es respuesta rápida, es canalización inmediata, implica asesoría jurídica y también psicoemocional”, comentó. 

Finalmente, la coordinadora general de Comunicación Ciudadana, Ana María Lomelí, presentó la campaña “Juntas y juntos contra la extorsión”, con videos y materiales impresos que difunden mensajes para saber actuar ante este delito, basados en las “3C”, que consiste  en “Calma, Cautela y Comunícate” para intentos de extorsión presencial y “Calma, Cuelga y Comunícate”, ante extorsiones telefónicas o virtuales. Además, mostró una historieta que se repartirá en los talleres informativos, con la finalidad de evitar la normalización de la extorsión y alentar la denuncia. 

“En esta primera etapa de la campaña nuestro objetivo es romper con la espiral del silencio, romper con el miedo, no estamos solos como ciudadanos, la ciudad te cuida. Se ha hecho un trabajo exhaustivo, extenuante, profundo, fuerte en todos sentidos para que realmente pueda responder, a través de distintas instituciones, esta organización, esta estrategia de combate, liderada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada”, concluyó.