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Por Agustín Vargas (*)
Los abusos, manejos oscuros y truculentos no cesan por parte de las desarrolladoras en perjuicio, desafortunadamente, de los consumidores. En diversas ocasiones nos hemos referido al tema y así lo haremos cuantas veces sea necesario, pues aquellas son prácticas tan comunes que, en definitiva, sólo se puede llevar a cabo con la anuencia y protección de alguien o varias personas.
El caso es que el fenómeno del descalabro financiero que enfrentan las grandes viviendas como Geo, Urbi, Homex y Sare, el cual arrastró a otros sectores, como al bancario y al de seguros, se repite ahora en la Ciudad de México, pues diversas constructoras de tamaño medio han desvirtuado la reglamentación para edificar vivienda supuestamente de interés social, pero que, en realidad, la venden como media residencial o residencial. Se trata, incluso, de construcciones irregulares.
Desafortunadamente, este tipo de construcciones en la capital son un problema que se ha incrementado paulatinamente, distorsionando el espíritu de la Norma General de Ordenación para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable de Interés Social y Popular número 26, ya que la misma permite la construcción de más niveles sobre la edificación.
Si bien esta reglamentación, mejor conocida como Norma 26, fue suspendida de manera temporal para tratar de arreglar la situación de las construcciones irregulares, muchas de las cuales se realizaron bajo el esquema de subsidios para su desarrollo, por el supuesto carácter de vivienda de interés social y luego son ofertadas como semi residenciales o residenciales con precios elevados, lo cierto es que esta práctica, está muy arraigada en casi todo el Distrito Federal.
Las delegaciones en donde se presentan mayores irregularidades por parte de empresas constructoras que inician una construcción bajo la Norma 26 para proyectos de vivienda de interés social y después, mediante argucias, cambian el proyecto para obtener mayores ingresos, son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Xochimilco, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.
Desde el año pasado, la Asamblea Legislativa del DF emitió un punto de acuerdo en el cual instruyó al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA), que dirige Alejandro de Santiago Palomares Sáenz, supliendo las deficiencias de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a cargo de Simón Neumann, verificar que las construcciones que se realizan en cada delegación cumplan con las leyes de Desarrollo Urbano y Uso del Suelo. Los resultados hasta ahora no han dejado satisfechos a nadie.
Seduvi cómplice de irregulares
Mencionamos todo esto, porque a nuestra redacción han llegado diversos comentarios de habitantes de la delegación Magdalena Contreras denunciando la impunidad con que empresas constructoras edifican inmuebles que abiertamente violan los reglamentos y cuentan con protección oficial y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Señalaron concretamente a la empresa Gheto Arquitectos S.A., que edifica una obra que ha sido clausurada por lo menos en cuatro ocasiones por el INVEA, por violar los reglamentos de construcción en esa demarcación, pero que simplemente rompe los sellos y continúa con la obra.
“No es posible que la autoridad siga permitiendo la plaga de construcciones irregulares en nuestra ciudad violando los derechos de sus habitantes”, manifestaron los vecinos de la calle Minatitlán, colonia San Jerónimo Aculco, en donde dicha empresa edifica un inmueble que no cumple con la Norma 26 del reglamento de construcción.
La empresa denunciada cuenta con la autorización de la Seduvi, pero en el Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal y en el programa delegacional, el predio se encuentra en una zona en la que solo se permite construir una vivienda de 3 niveles por predio, dejando el 50 por ciento de área libre y con una superficie máxima de construcción de 323 metros cuadrados.
“Lo que se construye actualmente es una obra con nueve viviendas, en seis niveles, sin área libre y con balcones que sobrepasan la banqueta”, explicaron.
Aseguraron que esta es la impunidad con la que operan las constructoras en la delegación Magdalena Contreras, cuya titular, Leticia Calzada, hace caso omiso de las demandas ciudadanas.
Esto, por supuesto, es un caso más de la impunidad con que operan muchas de las constructoras en la Ciudad de México, bajo la protección oficial, sin duda.
*Periodista. Director del Suplemento HábitatMx |
