Agustín Vargas (*)

El nuevo equipo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, tiene un tema que se ha constituido en un verdadero cáncer en toda la capital del país que, de enfrentarlo aplicando la ley, puede ayudar a resarcir su imagen y reconocimiento entre la ciudadanía: meter en orden a la construcción irregular de inmuebles para vivienda que incumple con los reglamentos de la ciudad.

En particular, la nueva secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, debe poner atención especial a las demandas de los ciudadanos porque se castigue a los constructores ilegales, se clausuren las obras irregulares y se mande a demoler los inmuebles que han violado las normas de construcción.

Y es que esta inconformidad fue una más de las que se manifestaron en las elecciones del pasado 7 de junio, en las que el PRD perdió la mitad de las delegaciones que tenía bajo su control.

Los delegados de ese partido y autoridades de SEDUVI e INVEA, antes de los comicios, no cumplieron con su obligación de hacer respetar  los reglamentos de construcción, y por el contrario, a decir de la población, se prestaron a corruptelas y simulaciones en favor de las constructoras delincuentes.

Un ejemplo del voto de castigo se dio en la delegación Magdalena Contreras, donde ganó el candidato del PRI a delegado, Fernando Mercado, exdiputado local, y donde la perredista Leticia Calzada dejó un amargo sabor de boca.

Mercado se comprometió en su campaña a frenar los abusos e impunidad en la demarcación, y hoy, como delegado electo, ha manifestado su voluntad porque se aplique la ley a quienes violen el uso de suelo en la delegación.

Y como muestra existen dos casos en la calle Minatitlán de la colonia San Jerónimo Aculco, en el número 21, donde la empresa Ghetto Arquitectos construyó un edificio de departamentos de cinco pisos, que está a punto de ser vendido y habitado, cuando en la zona, por reglamento, los inmuebles no pueden rebasar los tres pisos.

Dicho inmueble se empezó a construir en el 2012, una obra que supuestamente sería de dos niveles, sin embargo, con el paso del tiempo y bajo el amparo de la Norma 26, con base en un certificado de uso de suelo expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dicha construcción se amplió a cinco pisos. 

El otro es en el número 8 donde se construye otra obra con las mismas características y que, de acuerdo con los vecinos de la zona, están utilizando documentación apócrifa como permisos de construcción.  Esperemos que los ciudadanos no sean defraudados una vez más.

Senadores piden informe a Mancera

Es de destacar que esta problemática no sólo se da en Magdalena Contreras, sino en otras delegaciones del Distrito Federal, por lo que senadores de la República del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXII Legislatura, presentaron un punto de acuerdo para exhortar  al Gobierno del Distrito Federal, para que presentara un informe pormenorizado sobre las denuncias presentadas por irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que ha llevado a cabo para prevenir y sancionar estos hechos.

Como parte del sustento mencionan en su exhorto que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, señala que durante el 2013 recibió más de 3 mil denuncias por diversas irregularidades. De 2002 a 2014, las categorías más denunciadas fueron la violación al uso de suelo urbano con un 32%; el ruido y las vibraciones, con 19%; y las afectaciones a áreas verdes en suelo urbano. 

Ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 12/2014 la cual indica que en las delegaciones Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, se violentaron los derechos de los habitantes pues las demarcaciones permitieron construcciones irregulares.

Seguridad jurídica para prestar más

Contrario a su actitud evasiva a la hora de responder las preguntas de los periodistas, Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México fue muy claridoso en la más reciente conferencia de prensa que ofreció para presentar el estudio sobre la ejecución de contratos mercantiles e hipotecarios en las entidades federativas.

Para la banca, dijo, la seguridad jurídica es fundamental para determinar el precio de los créditos que otorga en un estado. O mejor dicho, mientras ellos  (los banqueros) no tengan la certeza de que se podrán ejecutar las sentencias y recuperar las garantías hipotecarias, o sea los inmuebles cuyos dueños han dejado de pagar, los créditos seguirán siendo caros, con elevadas tasas de interés.

Las tasas de interés se fijan sumando el costo del dinero --que es la tasa de fondeo, el costo de los recursos--, los costos y la utilidad esperada, lo que se conoce en  el argot bancario como “prima de riesgo”, que es el concepto que en la mayoría de los créditos tiene el impacto mayor en la fijación del precio.

Pero ¿qué es la prima de riesgo? Es el resultado de calcular --con base en fórmulas estadísticas-- la pérdida que cada crédito puede representar, partiendo primero de lo que se llaman la probabilidad de la pérdida, y matizada ésta por la capacidad de recuperación legal de la misma pérdida.

Es justamente en este último concepto en donde la eficiencia de un sistema de procuración y administración de justicia tiene más incidencia.

En la medida en la que un estado de la República tenga un mejor sistema de protección legal y de administración de justicia, menores serán los precios o tasas de los créditos que los bancos cobrarán a sus residentes.

La queja del señor Robles Miaja no paró ahí. Se quejó también de que a los bancos hoy en día, les cuesta más prestar en donde se tienen menores niveles para ejecutar los contratos mercantiles e hipotecarios.

Si bien numerosos estados de la República han mejorado sensiblemente en su sistema jurídico, desde la primera publicación del referido estudio, que surgió en 1997 a iniciativa de Francisco Gil Díaz, entonces subgobernador del Banco de México, muchos otros requieren dotar a su sistema de instituciones más confiables y de normas más eficientes.

El documento en referencia da cuenta que alrededor del 50 por ciento de las entidades federativas, particularmente el Distrito Federal (que en una escala del uno al cinco aparece en el nivel cuatro), tiene un sistema judicial no tan eficiente ni confiable para esos efectos y mientras eso no mejore, las tasas de interés hipotecarias se mantendrán altas y los créditos caros y escasos. O sea, todo lo contrario al espíritu de la Reforma Financiera.

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*Periodista. Director de la Revista HábitatMx