Agustín Vargas *

Todavía no se define la fecha para la firma del nuevo “Acuerdo” Azucarero entre México y Estados Unidos, pero todo hace suponer que, en esta semana y de un momento a otro, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo y su contraparte Wilbur Ross, realicen el anuncio obviamente desde aquél país donde se ha impuesto nuevamente la voluntad del poderoso y afectado al sector agrícola mexicano.

Sí algo bueno dejó el proceso de la supuesta negociación, es que en México quedó claro que la exportación de fructuosa estadounidense a nuestro país a precio de dumping, es la causa del artificial “excedente” nacional de la producción de azúcar granulada y líquida, el cual nos obligan, con el nuevo “acuerdo”, a vendérselo más barato porque no será refinada sino remolacha. ¡Negocio redondo pues para los gringos! ¿Pues no que iban a aplicar una política espejo?

Y es que en la polémica y discusión que se dio en los medios de comunicación mexicanos, el tema de la fructuosa norteamericana fue expuesto múltiples veces, por los presidentes de las Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Juan Cortina; el de la Unión Nacional de Cañeros, Carlos Blackaller Ayala, y de la empresa Sucroliq, Enrique Bojórquez.

Aunque es necesario aclarar que Cortina sólo lo hizo de dientes para fuera pues sus intereses políticos y económicos se entremezclan entre productores de azúcar y los fabricantes de refrescos que son los que se benefician de la importación de la fructuosa a precios de dumping. 

Y en el caso de Blackaller aunque fue más intenso y activo, al final de cuentas su priísmo le hizo agachar la cabeza y acatar las disposiciones del secretario de Economía, no obstante que salieron afectados más de 180 mil productores de caña de azúcar como él mismo lo previó en un correo electrónico que envió al presidente Enrique Peña Nieto, antes de que se llegara al susodicho “Acuerdo”.

Enrique Bojórquez fue y es quien ha logrado que en la opinión del llamado “círculo rojo”, haya quedado claro que México no logró ningún acuerdo beneficioso para México, y que en el tema de la fructuosa norteamericana Ildefonso Guajardo simplemente fue omiso, tal como lo ha sido desde 2014, año en que al propio Bojórquez le rechazó una solicitud para iniciar una investigación a la importación dumping del edulcorante del país vecino.

Consciente de esto, el secretario de Economía -siguiendo el dicho popular aquél que dice “haciéndome como el tío lolo”- emprendió una campaña de comunicación sustentada en entrevistas en medios para tratar de “cicatrizar” la herida y convencer a la opinión pública de que el acuerdo fue benéfico para México.

Lo curioso del caso es que varios de los comunicadores oficiosos que se prestan a seguirle el juego, tras bambalinas y en corto opinan lo contrario a lo que comentan y preguntan a modo “al aire”.

 Telefonía móvil, fin a los abusos

 Diputados de la Comisión de Comunicaciones aprobaron un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que se respeten los montos de los contratos que firman los usuarios de telefonía móvil y sean ellos quienes autoricen precios adicionales.

La reforma establece que para servicios móviles de prepago, y a solicitud expresa del cliente, en cualquiera de las modalidades de su prestación, se deberá fijar el límite máximo de consumo, con el fin de evitar el recargo por uso excesivo de los servicios originalmente contratados, es decir, sin que implique una erogación adicional.

El dictamen establece que en cualquiera de las modalidades de prestación, los saldos remanentes de los servicios incluidos en el plan tarifario, así como los complementarios y disponibles contratados de manera expresa que no hayan sido consumidos en su totalidad, sean reintegrados a los clientes en el mes siguiente de su facturación.

A solicitud expresa del cliente y/o usuario de los servicios móviles, en cualquiera de sus modalidades de su prestación, tendrán derecho a fijar el límite máximo de consumo para evitar el cobro adicional por uso excesivo de los servicios originalmente contratados, sin que implique dicha solicitud una erogación adicional.

Quejas en aumento

 Según datos de la Profeco, actualmente el sector de telecomunicaciones tiene un acumulado de 11 mil 480 quejas, de las cuales la telefonía móvil ocupa el primer lugar, con 55 por ciento del total, siendo las más destacadas las relacionadas con cobros no reconocidos, fallas en el servicio o prestar un servicio deficiente.

En el primer semestre de 2017, la Profeco recibió un promedio de 101 quejas diarias, es decir, aproximadamente 4 por hora, relacionadas con inconformidades por deficiencias en el servicio de telefonía.

El dictamen precisa que México alcanzó la cifra de 107.7 millones de usuarios de telefonía móvil, lo que implica que por cada 100 habitantes existen 89 usuarios, siendo 83.5 por ciento clientes del servicio de prepago y el 16.4 por ciento del servicio de postpago.

Para dimensionar la problemática de la telefonía celular en México, detalla el dictamen, el mayor número de inconformidades corresponde a fallas en el servicio; le siguen los problemas relacionados con cargos, saldos y bonificaciones; posteriormente, la portabilidad y contrataciones, incumplimiento en la publicidad o promociones, evasión para realizar el desbloqueo de celulares, y el cambio de plan o paquete sin previo aviso.

El dictamen establece en sus transitorios que en un plazo no mayor a 90 días, el IFT deberá emitir los Lineamientos para fijar los índices y parámetros de calidad a los que deberán sujetarse los prestadores de servicio móvil.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx.