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ABIERTA VOLUNTAD PARA DECIDIR

Por Pedro Pablo de Antuñano (Primera, de dos Partes)

(Mauricio Merino, La participación ciudadana

en la  democracia,  IFE,  México 1995, 85 pp.).

Una de las expresiones más acabadas de la democracia, consustancial a sus afanes, resulta sin duda la participación ciudadana. Si el poder autocrático se ha venido arrinconando víctima de sus propias limitaciones, la democracia aprovecha los espacios disponibles en el espectro sociopolítico para implantar sus valores distintivos. El desmenuzamiento y análisis de estos simples asertos, en el presente trabajo, no tiene desperdicio.

En nuestra caprichosa realidad se invoca la participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, tanto para dirimir problemas específicos como para encontrar soluciones comunes o con el propósito de hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida. Se trata de una invocación democrática tan cargada de valores, que resulta prácticamente imposible imaginar un mal uso de esa palabra.

La participación suele ligarse, por el contrario, con serios fines transparentes –públicos en el sentido más amplio del término- y casi siempre favorable, para quienes están dispuestos a ofrecer algo de sí mismos en busca de propósitos colectivos. La participación, desde tal ángulo, es un término grato.

De todo lo anterior se infiere que la participación es siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí mismo. Es obvio que la participación no existe entre los anacoretas, pues sólo se puede participar con alguien más; únicamente se puede ser parte donde hay una organización que abarca por lo menos a dos personas.

Pero la participación es siempre, al mismo tiempo de un acto social, un acto colectivo… y el producto de una decisión personal. Y no podría entenderse,   en consecuencia, sin tomar en cuenta esos dos elementos complementarios:la influencia de la sociedad sobre el individuo, pero sobre todo, la voluntad personal de influir en la sociedad.

Si como afirma Fernando Savater –filósofo metido de repente a político-,       la política no es más que el conjunto de razones que tiene los individuos para obedecer o para sublevarse, la participación ciudadana se encuentra en el medio de ambos extremos. Desde su seguridad propia, impone más respeto.

De modo que a pesar de las excelentes credenciales ofrecidas por el término, la participación ciudadana tampoco está exenta de los defectos humanos:     el egoísmo, el cinismo, la enajenación de los individuos. De aquí, el primer dilema que plantea el término: no todos quieren participar, aunque puedan; y no todos pueden hacerlo, aunque quieran.

Pero además, la participación ciudadana puede no siempre darse en condiciones de perfecta igualdad: igual esfuerzo de todos, para obtener beneficios –o afrontar castigos- idénticos. En cualquier organización, incluso entre las más espontáneas y efímeras, la distribución de papeles es tan inevitable como la tendencia al conflicto.

Siempre hay, a lo menos, un liderazgo y algunos que aportan más que otros.

No se puede participar para obtener, siempre, todo lo que cada individuo desea. Lo que quiere decir que los propósitos de la organización colectiva, sólo excepcionalmente, coinciden a plenitud con los objetivos particulares de los individuos que la conforman: entre las razones que animan a cada persona a participar y las que produce una organización de seres humanos, hay un puente tendido de pequeñas renuncias individuales.

A pesar de todo, la idea de la participación suele gozar de mejor fama que la otra palabra, que sirve para explicar el funcionamiento de la democracia moderna: la representación. De hecho, el auge que han cobrado muchos de los mecanismos participativos en el presente no se entendería, cabalmente, sin asumir la crítica paralela que se ha formulado a ese otro concepto.

Según dicha crítica, participamos porque nuestro representantes formales no siempre cumplen su papel de enlace entre el gobierno y los problemas puntuales que aquejan a una porción de la sociedad; participamos –siempre a partir de esa crítica-, para cuidar los intereses y los derechos particulares de grupos y personas que se diluyen en el conjunto mucho más amplio de las naciones; participamos, en fin, para corregir los defectos de la representación política que supone la democracia.

Pero lo hacemos, por otro lado, para influir en las decisiones de quienes nos representan y para garantizar que esas decisiones realmente obedezcan a las demandas, las carencias y las expectativas de los distintos grupos que integran una nación. La representación es un término insuficiente para darle vida a la democracia, por eso requiere de la participación.

(…) Resulta necesario recalcar que ninguna representación democrática puede darse sin la participación de los electores, del mismo modo en que no existe forma alguna de participación colectiva donde no haya –al menos de manera embrionaria- un cierto criterio representativo.

En el hogar democrático, las dos formas se entrelazan de manera constante y en primer lugar, a través de los votos: la forma más simple e insustituible,      al mismo tiempo, de participar en la selección de los representantes políticos.

¿Pero cómo funciona dicha participación en las sociedades modernas? Lo hace de acuerdo con el entorno político y mediante la voluntad individual de quienes deciden participar. No hay recetas. En cada país y en cada circunstancia, la participación ciudadana adopta formas distintas, generando cada una de ellas resultados singulares.

Llevada al extremo, la respuesta anterior tendría que considerar los motivos individuales de todas y cada una de las personas, que en un momento dado,  toman la decisión de romper la barrera de la vida privada para participar en asuntos públicos. Aunque pareciera una conclusión romanticona, no puede desconocerse que es un acto declarado de entrega a los demás.

No obstante, también resulta imprescindible tomar en cuenta las condiciones políticas que rodean la participación: las motivaciones externas que empujan o desalientan el deseo de formar parte de una acción colectiva; asimismo, debe atenderse el entramado que forman las instituciones de cada nación.

La participación entendida como una relación operante y operada, como lo diría Hermann Heller, entre la sociedad y el gobierno, entre los individuos   de cada país y las instituciones políticas que le dan forma y sentido al Estado.

Aquel puente mencionado atrás, entre representación y participación políticas, que en principio parecía construido con votos, se desdobla así en una gran variedad de relaciones distintas, formada por múltiples intercambios entre las autoridades formales y los ciudadanos organizados. Intercambios de todo tipo, animados por toda clase de razones peculiares, que finalmente son los que le dan vida a la democracia.

De modo que si bien el principio básico de la organización democrática consiste en la elección libre de los representantes políticos, la participación ciudadana hace posible extender ese principio más allá de los votos.   Obligado resulta convertirla –a dicha organización democrática- en algo más que una sucesión de elecciones y de paso, fincar el enlazamiento de los procesos electorales con las decisiones políticas cotidianas.

La participación ciudadana, pues, no es suficiente para entender la dinámica de la democracia. Pero sin participación, sencillamente la democracia no existiría. Una cosa son las modalidades que adopta, sus límites reales y las enormes expectativas que suelen acompañarla; y otra muy diferente es que produzca siempre resultados plausibles o que esté atrapada por una dosis insalvable de desigualdad.

Incluso, se corre el riesgo de que el exceso de participación lleve al caos social… tanto como  su anulación  definitiva  al  autoritarismo  sin  máscaras.

Continuará.