Por José Jiménez

Uno de los asuntos más importantes que deberá de incluir inevitablemente el hasta hoy proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es la seguridad pública en todo el país, pero en particular al nivel de gobierno municipal.

El proceso de planificación democrática se señala en el artículo 26 de la Constitución, precisando que deberá de presentarse a seis meses de iniciado el gobierno en turno.

A la letra se señala en el apartado A de este artículo que “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Así como que para los “fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.”

Aún cuando se dice de una consulta amplia por Fernando Apartela, subsecretario de Hacienda, al ser entrevistado, que en base a sus cifras dice de casi 229 mil personas consultadas, 129 mil vía internet, 62 mil en foros, con 38 mil propuestas, en un periodo que fue del 28 de febrero al 9 de mayo; lo que se confronta con el señalamiento de un medio impreso que nos dice de la participación “fue baja, pues en la mayoría de los estados no fue mayor a 3 por ciento”, “las entidades que registraron un mayor número de participaciones fueron la Ciudad de México con 22%; el Edomex, 15% y Jalisco, 8%.

El Plan Nacional de Desarrollo se subdivide en cinco partes y aborda los temas de seguridad, educación de calidad, desarrollo y crecimiento económico, desarrollo social y relaciones internacional. Aún cuando se dice que el plan fue hecho por especialistas en cada uno de los temas a primera mano nos parece insuficiente o contradictorio, ya que se sabe que se parte de los compromisos firmados en el documento Pacto por México, en el que tienen prioridad de voz, aunque no de decisión por igual, los partidos políticos más grandes o llamados también  hegemónicos, los que a su vez discriminan o separan de las decisiones  importantes a las corrientes internas, sino véase el conflicto y relevo de la coordinación en la cámara de senadores de la fracción del PAN, y a los partidos políticos chicos.

El plan es presentado con las prioridades de los temas de la violencia, el hambre y la baja calidad de la enseñanza, con indicadores para medir el avance para alcanzar las metas propuestas, aunque debería primero acordarse el procedimiento de elaboración de los indicadores; se dice de elementos de vanguardia y novedosos, de buscar objetivos transversales de género en pos de la igualdad entre el hombre y la mujer, que deberá precisarse si entre iguales y desiguales, además de 10 indicadores globales, 41 programas sectoriales transversales y otros más regionales.

Hace poco tiempo en un análisis de la realidad latinoamericana y en particular por países se colocaba al centro de la discusión el hecho de para qué producir riqueza si se tenía inseguridad y se ponía en riesgos la vida para su disfrute, si no se tenía seguridad pública que garantizará a todos el trabajo, la empresa, el transitar en el espacio público.

Aquí debe señalarse que el plan hoy presentado deberá atender la seguridad pública como asunto nacional y problema en cada uno de los municipios para un crecimiento democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.