Con el objetivo de cumplir las disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó en Sesión Ordinaria la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

“El artículo décimo primero transitorio de la Constitución de la Ciudad de México, establece que la ALDF debe expedir las leyes constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2017”, explicó el legislador y recordó que los contenidos de la Carta Magna de la entidad también mandatan la creación de nuevas figuras que requieren ser reguladas.

Por ello y siguiendo las disposiciones del Artículo 34 de la Constitución local, el cual señala que la Administración Pública de la entidad se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad, la presente iniciativa, explicó el diputado Luna Estrada, considera que el sistema de gobierno sea abierto y obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, para garantizar la política de un gobierno digital, la transparencia, la rendición cuentas y acceso a la información.

Asimismo, dijo,  establece la obligación de generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental en el ámbito de competencias de cada dependencia”, afirmó.

En la elaboración de la iniciativa, agregó el presidente de la Comisión de Gobierno, se realizó una amplia consulta a cada una de las dependencias de la Administración Pública, bajo la lógica de que  conocen de manera más cercana la operación y sus necesidades jurídicas.

Cada una de las dependencias entregó también propuestas que fueron analizadas e incorporadas. 

Además se elaboró un estudio de derecho comparado de leyes orgánicas de la administración pública de diferentes entidades federativas --Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León-- para detectar las mejores prácticas, así como las disposiciones más modernas.

“Cabe destacar que para el estudio comparativo se contó en el proceso con la participación de expertos del Instituto Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya especialidad es el estudio del derecho administrativo y elaboración de leyes relacionadas Administración Pública y el Poder Ejecutivo”.

La propuesta de Ley se encuentra estructurada en cinco títulos, el primero se refiere a las disposiciones preliminares de la norma, incorporando en su primer capítulo las generalidades; en su segundo apartado los gobiernos de coalición, se incorpora la figura de gobiernos de coalición de manera general; el título tercero se refiere al reconocimiento del derecho a una buena administración pública, incorporando valores y principios de lo que significa este derecho; el cuarto habla de la administración pública centralizada, el cual contiene las disposiciones que permiten el actuar de cada una de las dependencias.

En el capítulo quinto se habla de la administración pública paraestatal, señalando únicamente disposiciones generales, lo anterior con el objeto de contar en su momento con una ley que regule exclusivamente las disposiciones relativas a la administración pública paraestatal.

“Es una iniciativa que contempla definiciones y propuestas muy importantes, se logró un documento que se encuentra armonizado con la Constitución de la Ciudad de México y retoma los elementos fundamentales de la actual Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal”, afirmó el diputado y agradeció el trabajo y aportaciones a la iniciativa de los legisladores Mauricio Toledo, Iván Texta, Edith Segura, Francis Pirín, Luis Chávez y Penélope Campos del PRD, Israel Betanzos y Dunia Ludlow del PRI,  Alfonso Suárez del Real de Morena y de los legisladores del PAN,  la Coalición Parlamentaria y Movimiento Ciudadano.

A la iniciativa se suscribieron todo el Grupo Parlamentario del PRD, a través de la diputada Francis Pirín, así como Suárez del Real de Morena y  Jesús Armando López Velarde Campa de Movimiento Ciudadano.