El Congreso de la Ciudad de México solicitó al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete a acatar el laudo emitido por la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que reinstale y cumpla con el pago de prestaciones a las personas despedidas de manera injustificada. 

Al subir a tribuna para presentar un Punto de Acuerdo, la diputada Valentina Batres Guadarrama señaló que el 14 de diciembre de 2012, diversas personas trabajadoras de la entonces Delegación Coyoacán, interpusieron, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una demanda laboral por medio de la cual solicitaron la reinstalación en sus puestos de trabajo así como la restitución de las prestaciones de seguridad social que les correspondían como trabajadoras al servicio del Estado, derivado del despido injustificado del que fueron objeto. 

En la sesión de la Comisión Permanente de este día indicó a pesar de haber obtenido una resolución favorable, la actual administración a cargo de la Alcaldía se ha negado reiteradamente en acatar el laudo. 

Lo anterior, dijo Batres Guadarrama, ha sido motivo  de sanciones económicas por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con base en lo dispuesto por los artículos 148 y 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, mismo que violenta los derechos humanos y laborales de la parte actora, lo que ha causado un daño patrimonial sistemático a la propia Alcaldía, debido a que las multas son solventadas con las contribuciones que paga la ciudadanía, además de que día a día incrementa el monto de salarios caídos y demás prestaciones que deberán ser erogadas del presupuesto de la alcaldía.

“Debe quedar claro que el cambio de personas servidoras públicas y el cambio de Delegación a Alcaldía no es un impedimento legal para que las nuevas integrantes acaten laudos, porque las responsabilidades por violaciones a los derechos humanos son públicas e institucionales, y porque aun cuando las nuevas titulares no hayan participado en los hechos, tienen el deber institucional de atender y responder a las víctimas”, enfatizó. 

La también Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena concluyó que toda persona servidora pública tiene el deber de proceder con apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la administración pública; de cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado y de abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión total, parcial o la deficiencia del ejercicio de los derechos de las personas, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa.