Ante la necesidad de apoyar con acciones concretas a las mujeres víctimas de violencia feminicida o violencia recurrente en la Ciudad de México, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa solicitó al gobierno capitalino ampliar de 875 a 3,000 el número anual de beneficiarias del programa Seguro para el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres en situación de violencia de género.

La legisladora de Morena pidió al mismo tiempo que se mantenga el actual monto económico mensual de 3 mil 690 pesos y la  prima del seguro de vida mensual de 37 pesos, para cada mujer inscrita en ese plan.

En la sesión ordinaria, vía remota, del Congreso local, presentó un punto de acuerdo, mediante el cual solicita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad “a realizar los ajustes presupuestales necesarios para aumentar de 875 a 3 mil el número anual de beneficiarias del programa Apoyo a mujeres en situación de violencia de género, sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la  prima del seguro de vida mensual de 37 pesos, y con preferencia a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente”.

Fundamentó su iniciativa ante la urgencia de frenar el número de actos de violencia, cuyas cifras se dispararon a nivel nacional en el periodo de aislamiento social provocado por el coronavirus, y en atender con medidas específicas a la mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus modalidades, desde la verbal, física, patrimonial, psicoemocional, hasta la violencia de género y feminicida.

Desde el Legislativo local se lucha y trabaja por el libre ejercicio de los derechos de las mujeres, expuso al manifestar que en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México se “reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad” y que corresponde a las autoridades adoptar “todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres”.

También mencionó que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se precisa en el artículo 8 que “los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos”.

En ese tenor, subrayó, el artículo 2 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México señala que las políticas públicas se diseñarán con perspectiva de género, “para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

En el punto de acuerdo, que se turno a las comisiones correspondientes, Chavira de la Rosa recordó que en 2008 se creó el programa social Seguro Contra la Violencia Familiar, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, como instrumento que contribuyera a erradicar la violencia familiar ejercida por la pareja en la vida de las mujeres y sus hijas e hijos.

Esa disposición tenía como objetivo el apoyar económicamente, con mil 500 pesos mensuales durante un año, a las mujeres que se encontraban en una situación de violencia familiar, que pusiera en riesgo su integridad física, emocional e inclusive su vida, y de contar con los elementos básicos de independencia que les permitirán iniciar una vida libre de violencia, explicó.

En el punto de acuerdo de la legisladora por el VII distrito electoral local, se expone que a partir de 2011, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, se incorporaron a mujeres víctimas de trata de personas; posteriormente, en 2016, se incluyó a mujeres trans. Desde ese año y hasta 2018, el seguro operaba con un presupuesto de 19 millones de pesos y un padrón de dos mil mujeres y mujeres trans, añadió.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, del 5 de diciembre del 2018, se creó en enero de 2019 la Secretaría de las Mujeres, dependencia que establece como una de sus funciones primordiales la prevención y atención de las violencias contra las mujeres en la Ciudad de México.

A la par, se fusionaron las Unidades de Atención del extinto Inmujeres DF y las Unidades de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y nacieron las LUNAS, que son espacios de atención y prevención de la violencia de género y promoción de la autonomía física, económica y política de las mujeres.

En ese contexto, el Seguro Contra la Violencia Familiar se transformó en el Programa Seguro para el Fortalecimiento de la Autonomía de las Mujeres en Situación de Violencia de Género, con un padrón de 2 mil 50 beneficiarias que recibían mensualmente mil 500 pesos durante 6 meses y una prima del seguro de vida mensual de 37 pesos, de acuerdo a las Reglas de Operación de dicho programa, publicadas en la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 18 de enero de 2019.

Para el año en curso, el número de beneficiarias descendió a 875 mujeres en situación de violencia de género, en riesgo alto o riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente que están registradas en la Red de Información de Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México.

Guadalupe Chavira dio a conocer que en enero, febrero y marzo, principalmente en ese último mes, la Línea Mujeres de Locatel recibió la cifra récord de 812 llamadas por violencia de género, cantidad que duplicó a las 409 reportadas en febrero y cuatro veces más a las 194 captadas en enero, y en el curso del año pasado 31 mil 340 mujeres expresaron que fueron víctimas de violencia de género, de acuerdo a registros de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México.

 A su vez, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en el informe Enero-marzo 2020 que la Ciudad de México contribuyó con 14 de los 240 presuntos delitos de feminicidio que se registraron en ese periodo, agregó.

Con ese antecedente, aseguró la violencia de género es un problema de salud pública y que debe combatirse desde todos los ámbitos con acciones concretas que permitan a las mujeres víctimas vivir una vida libre de violencia.