Para enriquecer la dictaminación de la iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno para la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso capitalino celebraron una segunda mesa de trabajo, en la que coincidieron en la importancia de mejorar el funcionamiento de los Fondos para emergencias.

En su intervención, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa (MORENA),  presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, destacó que la Ciudad de México debe ser resiliente y dispuesta a implementar todas las acciones de prevención necesarias. “Vamos a recomendarle a los alcaldes que consideren en su techo presupuestal acciones comprometidas con el tema de la prevención en materia de protección civil”.

La legisladora aseguró que los elementos aportados en estas mesas de trabajo permitirán a las y los diputados integrantes de estas comisiones unidas hacer un mejor trabajo en la dictaminación de esta iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno, y brindar certeza de que los recursos con que cuenta la capital en este rubro se apliquen adecuadamente.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo, del PAN, insistió en que no debería desaparecerse el Fondo de Atención para Desastres de la Ciudad de México (Fonadem), por el contrario debería fortalecerse e incluir recursos para acciones de prevención ante sismos e inundaciones, así como para la profesionalización del personal encargado. “Como una cultura de prevención de desastres, de mitigación de riesgos. No reaccionar ante la emergencia, sino prevenir en la medida de lo posible”.

En este sentido, el legislador  propuso dotar de mayor suficiencia presupuestal al Fonadem y a las áreas encargadas de atender los riesgos y emergencias en la capital -naturales y no naturales-, así como a las labores de prevención.

Sugirió incluir los recursos del Fondo de Prevención de Desastres (Fopde) dentro del Fonadem, para la prevención de desastres, y pidió a la Secretaría de Protección Civil que presenten a las comisiones dictaminadoras las reglas de operación del Fonadem, para considerarlas en la dictaminación de la iniciativa de la Jefa de Gobierno.

En este mismo sentido, el diputado Víctor Hugo Lobo Román (PRD) afirmó que los recursos para la atención de las emergencias deben estar concentrados en un Fondo, que permita acceder en forma inmediata a éstos cuando se requieran, y que al irse acumulando, permitan construir una bolsa presupuestal para enfrentar las emergencias que surjan.  

Expresó que los recursos para la atención de las emergencias que se presentan en la capital deben atenderse con recursos locales, del Fopde, por razones de inmediatez, y no de los recursos federales, que pueden tardarse hasta dos semanas en liberarse, por lo que insistió en que este fondo no debe desaparecer.

Durante su intervención, Juan Armando Rodríguez Lara, en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas local, señaló que tanto el Fondo para la  Prevención de Desastres; y el de Atención a Desastres y Emergencias, que contempla la actual ley, “no existen formalmente, no operan y no tienen una constitución administrativa y jurídica, por ello, lo que el gobierno propone es su omisión y sustitución por el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México”.

Detalló que el Fonaden nació en 2015 ante la necesidad de tener equilibrio presupuestario para atender emergencias por desastres, contingencias sanitarias o epidemiológicas; y ayudó a atender los daños ocasionados por los sismos de 2017 y 2018. 

También informó que desde 2019, el presupuesto considera ya una asignación importante a un programa presupuestario exclusivo para el cumplimiento de programas en materia de protección civil, “es un programa de índole transversal y por ley las autoridades están obligadas a consignar recurso para programas de protección civil, mismo que tenía al iniciar este año alrededor de 394 millones de pesos”. 

En su exposición, Humberto González Arroyo, titular de la Dirección General Táctico Operativa de la Secretaría de Protección Civil destacó que la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos busca la transparencia para evitar la corrupción, a través del ingreso vía internet de los programas de Protección Civil, y amplía las facultades de las alcaldías en la atención a los establecimientos de bajo riesgo.