La magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), doctora Yasmín Esquivel Mossa, afirmó que uno de los retos más importantes que enfrenta el Estado de Derecho es el respeto y acatamiento de las sentencias que dictamos todos y cada uno de los jueces y magistrados del país. Porque, aseveró, que gracias a las resoluciones sociales se mantienen la paz social y la gobernabilidad.

En presencia del jefe de Gobierno de la CDMX, doctor Miguel Ángel Mancera y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez y la ministra Margarita Luna Ramos, la impartidora de justicia manifestó que el cumplimiento de las sentencias no están sujetas a negociaciones; es una orden que emite la soberanía de la gente a través de sus jueces y magistrados.

En el Museo de la Ciudad de México, convertido en recinto oficial para la celebración del Informe, Esquivel Mossa indicó que  la ciudadanía exige tener instituciones públicas, que les resuelvan sus problemas y que atiendan a sus justos reclamos, y que, además, estén a la altura de una sociedad dinámica, abierta y progresista.

Estimó que querer someter a la ley y al Estado a la politiquería electorera es irresponsable y reprobable, por falsa representación de presuntos grupos vecinales, pues con ello se ponen en riesgo la paz social y la estabilidad gubernamental. Aclaró que la ley y el derecho no deben ejercerse en razón de situaciones coyunturales, ineficiencia e ineptitud de algunas autoridades hacia los Tribunales.

Externó que la sociedad, hoy más que nunca exige a sus autoridades sean capaces, eficientes, cercanas y honestas. Personas sin mancha, con ética reconocida, en donde la sobra de la sospecha de la corrupción no tenga cabida y la semilla de la legitimidad puede germinar para reforzar y respaldar el actuar de las instituciones gubernamentales. 

Los magistrados del TJACDMX no nos intimidarán y de frente y sin tapujos decimos a la ciudadanía que no habrá campañas ni publicitarias de denostación que obligue a emitir resoluciones contrarias al marco constitucional, al bienestar social.

Indicó que en el caso de la CDMX es excepcional que un asunto resuelto en el TJACDMX llegue a los juzgados federales por incumplimiento de sentencias, pues estas no llegan ni al 1%.

Dio a conocer que del año 2013 a la fecha, el TJACDMX registra un incremento del 75 Por ciento en demandas recibidas. En este mismo lapso  se incrementó el número de asesoría y orientaciones en 12 por ciento. Se han entregado 42 por ciento más de notificaciones y se han capacitado al 100 por ciento de los trabajadores.

Por ello, consideró, justo reconocer, en las autoridades del Gobierno de la Ciudad, el compromiso por hacer prevalecer el Estado de Derecho, pues obedecer y cumplir las sentencias es cumplir con la ley. En un gobierno democrático, desatenderlas implica desafiar abiertamente a la sociedad.

• Las leyes se hicieron para cumplirse.

En otro orden de ideas, la magistrada Esquivel Mossa precisó tajante: “Desde aquí, con firmeza y decisión, reiteramos, no hay campaña publicitaria de denostación que obligue a los Magistrados del TJACDMX a emitir resoluciones contrarias al marco constitucional, a la ley y al bienestar general. Las leyes se hicieron para cumplirse, los Tribunales estamos para ello, remató.

Manifestó que el TCACDMX es una institución sólida y sabrá mantenerse dentro de la imparcialidad y la legalidad para sancionar, con todo rigor, a quienes transgredan la confianza ciudadana y se corrompan. Los magistrados sabremos honrar esa confianza y demostraremos que podemos con la responsabilidad que, tanto el constituyente permanente como el de la Ciudad de México, nos han conferido.

Asimismo, Esquivel Mossa puntualizó que la pretensión de intereses políticos unipersonales y egoístas, de quienes utilizan  la crítica a las resoluciones del Tribunal como bandera para acarrear el aplauso fácil y la empatía falsa de presuntos grupos vecinales, se entiende como una afrenta hacia la autonomía e independencia judicial que nos ordena la Constitución.