Propuestas de controles de confianza al interior de los partidos políticos y diferentes órdenes de Gobierno se han puesto sobre la mesa en las últimas fechas. El titular del gobierno capitalino acepta su necesidad, pero plantea sus reservas.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), recalcó la invitación lanzada a los distintos actores políticos a finales del 2014 sobre la necesidad de plantear filtros para los candidatos a algún puesto de elección popular.

El tristemente célebre caso de los 43 normalistas originarios de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron muertos –ya tomando en cuenta el dictamen al que ha llegado la PGR- por órdenes del gobernante local perredista de la entidad –a quien se liga con el crimen organizado- revivió el fantasma de la intromisión de intereses ajenos al bien público en las dependencias gubernamentales.

También, los diversos escándalos de corrupción suscitados en jefaturas delegacionales, diputaciones locales de la ALDF y distintos servidores públicos del GDF como de los distintos gabinetes, han encendido las alarmas en la capital del país.

Al tiempo, tanto los partidos políticos nacionales por medio de su representación local, así como el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el mismo jefe de Gobierno, se ofrecieron de manera voluntaria a llevar a cabo controles de confianza para los precandidatos a algún puesto de elección popular.

No obstante, el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, así como su homólogo en el DF, Martí Batres, desecharon la invitación. Por el contrario, Batres aseguró que en su partido no cabe la duda para con sus candidatos, pues, son personajes selectos de la cultura y la ciudadanía. Por ello, dijo a finales de diciembre pasado, cae en la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) el diseñar y ejecutar cualquier tipo de control de confianza. Aunque, al no ser un mandato constitucional, los candidatos de su partido, según dijo, no se someterían a ninguna de estas pruebas.

En tanto, a los pocos días de la salida de Jesús Rodríguez Almeida de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Mancera Espinosa adelantó que los titulares de su gabinete presentarían de manera pública su declaración patrimonial.

No obstante, en la ambigüedad del anunció quedó perdida la advertencia de una declaración patrimonial con reservas. Las críticas no se hicieron esperar, pero el mandatario local argumentó “cuestiones de seguridad”  y un apego conforme a derecho a modo de respuesta.

“La ciudadanía está reclamando que haya transparencia, nosotros reiteramos, debe haber un control de confianza ¿Cómo debe ser el control de confianza? No es el mismo control de confianza que se le haría a un policía, si de los esquemas de seguridad están diferenciados, es decir, no haces el mismo control de confianza al elemento operativo, que al mando medio, que al mando superior, pues con mayor razón en el asunto de candidatos”, detalló al rescatar el tema.

Asentó que para el diseño de un esquema de esta magnitud, ninguna de las partes que antes se han ofrecido a hacerlo, pueden ir solas. Es así que el IEDF, el TEDF, el InfoDF, los distintos partidos políticos a participar en los comicios y el mismo Gobierno a su cargo, deberán llegar a lo que llamó un “Acuerdo de Transparencia con protección de datos personales”, reiterando la necesidad de los servidores públicos de proteger a sus familias.

Sumada a esta colaboración interinstitucional, adelantó la participación de los ciudadanos mediante el papel de auditores y observadores bajo la figura de “observadores de la transparencia”.

Ambos, reiteró, bajo un marco jurídico adecuado conforme a las leyes actuales, mismo que puede evolucionar conforme se planteen reformas a los diferentes estatutos partidarios y electorales.

“Hacer el control de confianza me parece que abona a la jornada electoral que se avecina, abona a la confianza de los ciudadanos, de saber que tienen candidatas y candidatos confiables, cuando menos desde la propia evaluación inicial de sus institutos políticos”, sentenció.

Como principales puntos que guíen las indagatorias, enumeró: 1) las declaraciones patrimoniales de los aspirantes, 2) antecedentes en diferentes rubros como económicos y jurídicos y, 3) una revisión exhaustiva en las diferentes etapas de evaluación –entendiendo que los partidos sean los primeros en evaluar a sus filas y de ahí sean las instituciones en materia de seguridad quienes prosigan la tarea-.