Secretarios y funcionarios locales tendrán la obligación de presentar declaraciones anuales en las que hagan constar si tienen alguna relación de negocios con un familiar o amigo, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como una medida para evitar el conflicto de intereses. La medida llega a meses de haber “confiado” en el exsecretario de Obras y Servicios.

El titular del Gobierno capitalino señaló que esta disposición, encaminada a poner freno a la corrupción, entrará en vigor en treinta días, una vez que se capacite a los servidores públicos y se establezcan los lineamientos al respecto.

Además de la declaración anual patrimonial obligatoria para las cabezas de las dependencias gubernamentales, éstos deberán presentar un informe cada vez que se formalice un contrato con cualquier empresa.

“Por supuesto que en estas declaraciones tendrán que incluirse las que tengan relación con amigos, con familiares, con participaciones directas de posibles negocios, con todo lo que pudiera implicar una ventaja ilícita o ilegal en la realización de un contrato o una contratación por parte del gobierno de la ciudad”, señaló Mancera Espinosa.

Advirtió que de detectar alguna irregularidad de algún funcionario, “se aplicará todo el peso de la ley”, por lo que las empresas también formarán parte fundamental puesto que, en los mismos términos, tendrán que revisar una declaración respecto de la posible existencia de este conflicto de intereses.

Aseguró que los datos públicos y privados estarán debidamente protegidos con el apoyo de Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF).

“Estamos en un compromiso contra la corrupción. Quiero instruir a la Contraloría, busquemos que, sin vulnerar los lineamientos del InfoDF, toda la demás información sea pública  para que toda la gente sepa cómo y quiénes se están contratando y si hay un conflicto de intereses”, dijo.

En la administración actual, Alfredo Hernández fue destituido de su cargo como secretario de Obras el 11 de marzo por presunto conflicto de interés al concretar una negociación por 71 millones de pesos en la compra de luminarias con la empresa Planet Ingeniería, en la que su esposa Erika Molina Barragán resultó ser directora comercial.

Edgar Armando González Rojas también fue destituido de su cargo como oficial Mayor de la administración de Mancera Espinosa por supuestos actos de corrupción en octubre de 2014 al detectarse compras de insumos a precios elevados.