Con apego irrestricto al mandato constitucional y en el ánimo de seguir trabajando en la línea del respeto a los derechos humanos, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó la Iniciativa para Derogar la Figura de Arraigo y Abrogar la Ley contra la Delincuencia Organizada para el DF.

En el Salón “Benito Juárez” del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera aseveró que se trata de que la realidad jurídica de la Ciudad de México responda al mandato de la Constitución y que en virtud de ello, se ha tomado la determinación de derogar en la capital la forma del arraigo y transitar hacia otras medidas cautelares.

El Sistema Acusatorio del DF, dijo, contará ahora con la figura de Detención con Control Judicial que cumple con los parámetros internacionales relacionados al respeto a los derechos humanos y que da a los jueces la voz principal y el control en la toma de decisiones para emitir órdenes de detención.

Todo ello obedece fundamentalmente al acatamiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal que, afirmó, es un instrumento que se observa a nivel internacional y en el que se debe ir avanzando con congruencia, “en ese programa se estableció que sería eliminada la figura del arraigo en la Ciudad de México, hoy estamos dando cumplimiento”.

Sobre la iniciativa de abrogación de la Ley contra la Delincuencia Organizada para el DF, Miguel Ángel Mancera recordó que la Constitución ha señalado de manera expresa que única y exclusivamente la Federación es la que debe atender el tema de la delincuencia organizada.

“Es un tema que la Constitución de este país reserva de manera exclusiva para la Federación. Con esta iniciativa, damos orden, damos la exacta dimensión a nuestro combate, a nuestra tarea de prevención y a nuestra tarea procesal en materia penal”, explicó. 

Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coincidió con Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, en que abolir la práctica del arraigo significa un importante paso para la justicia y seguridad de la Ciudad, y por ende, para el ejercicio pleno de los derechos de las y los capitalinos.

“Felicitamos esta iniciativa y creemos que es una excelente señal de que este Gobierno está siendo respetuoso de los derechos humanos", afirmó González Placencia. Asimismo, Peña Palacios destacó que con esta acción se coloca a la Ciudad de México dentro de los parámetros internacionales en el tema

Por su parte, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Antonio Padierna Luna, opinó sobre la eliminación de la figura de arraigo que con ella se pondrá un alto a una práctica que atenta contra derechos fundamentales, como el de libertad de tránsito y que genera desprestigio social y un clima de condena.

Al hacer entrega de las iniciativas al presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados, el Jefe de Gobierno confió en que con el apoyo firme y el impulso de los diputados locales, se dará el debate para tomar la decisión final de esta orientación legal.

“Aquí está marcada ya la decisión, la voluntad del Gobierno de la Ciudad, ahora estaremos muy pendientes de que entre en vigor esta disposición para seguir trabajando en esta línea, en la línea del respeto a los derechos humanos”, abundó.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, puntualizó que con la figura de Detención con Control Judicial se acotan los límites y condiciones para poder emitir orden de detención, misma que sólo se podrá dar en los siguientes casos.

Que no se garantice la comparecencia del indiciado en la averiguación previa, o proceso penal y que éste pueda evadir la acción de la justicia. Que la conducta del indiciado entorpezca o impida el desarrollo de la investigación al destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, y que la conducta del indiciado represente un riesgo para la integridad de la víctima, los testigos o de la comunidad.

Con la detención con control judicial, apuntó, se acotan los requisitos para ordenar una detención, se hacen más severas y los plazos de hasta 60 días que significaba un arraigo se van ahora a plazos cortos, lo que repercute en la actuación de Procuraduría que tendrá que redoblar esfuerzos de investigación.