Las autoridades financieras no deberían pasar de largo las advertencias y amenazas que las sociedades financieras de objeto múltiple “changarro”,  están lanzando un día sí y otro también en voz de la Asofom, la Asocre y otras asociaciones que representan a este tipo de mini intermediarios en el sentido de que, para burlar la regulación de la Reforma Financiera, se convertirán en sociedades anónimas para seguir operando en la absoluta anarquía e irregularidad.

Algo tendrán que hacer la SHCP que encabeza Luis Videgaray; la CNBV de Jaime González Aguadé y la Condusef de Mario di Costanzo, para evitar que en lugar de meter en orden a este sector, problema generado por la gran ideota de Francisco Gil Díaz de desregular a las sofoles en sus épocas de secretario de Hacienda, se provoque un mayor desorden en el mercado financiero. 

Las sofomes “changarro” se quejan de que los costos que impone la Reforma Financiera en materia de registro en la Condusef y en la aplicación de controles de lavado de dinero, es muy oneroso para ellos por lo que tendrían que emigrar de esa figura a una sociedad anónima como si fueran una miscelánea o  una lonchería.

Aquí la pregunta que cabe es si de verdad no cuentan con el capital para enfrentar esos costos de operación, o si más bien es un pretexto para no adoptar los sistemas antilavado y financiamiento al terrorismo. Esto nos hace recordar las aseveraciones de Guillermo Ortiz sobre posible “blanqueo” en esos intermediarios, que como exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, algo debe saber.

Las autoridades financieras deben actuar ya para que jurídicamente se catalogue ilegal la intermediación financiera no autorizada y supervisada, así como de advertir a la sociedad  sobre el riesgo que existe de mezclar sus operaciones financieras con posible lavado de dinero hormiga proveniente de actividades ilícitas, y que en un momento dado se vean involucrados en problemas judiciales. 

La supuesta depuración de sofomes “changarro” supuestamente consecuencia de la aplicación de la Reforma Financiera, debido a una mayor regulación y control de lavado de dinero, puede transformarse en una mayor anarquía y proliferación de prestamistas irregulares. Cuidado.

A propósito de la Condusef, su presidente Mario Di Costanzo, ha estado muy activo sorteando diversas situaciones con las instituciones financieras para tratar de recuperar la esencia para lo que fue creada esa institución, o sea la protección a los usuarios de los servicios financieros. El trabajo de Di Costanzo Armenta semeja nadar entre tiburones.

Y esto lo mencionamos porque la Condusef prepara un proyecto que busca reducir y en lo posible erradicar las inadecuadas, nocivas, insultantes, obcenas y todos los calificativos que haya que ponerle a las prácticas que llevan a cabo los despachos de cobranza, tanto por lo que se refiere a la propia gestión de cobranza, como a las operaciones de negociación y reestructuración de créditos.

Seamos deudores o no, a cuantos de nosotros nos ha tocado sufrir en carne propia el acoso de los despachos de cobranza para tratar de recuperar créditos por la vía extrajudicial, lo que implica recibir insultos y hasta amenazas de secuestro de bienes no sólo de los deudores sino de los familiares de éstos. 

Quién no ha recibido llamadas telefónicas a deshoras, el demandar el pago de la deuda a menores de edad o adultos mayores, el uso de conductas agresivas y de palabras altisonantes, e incluso amenazar con cárcel a los deudores.

Estas son las prácticas comunes que ejercen muchos despachos de cobranza para recuperar los créditos, actuando al margen de códigos de conducta muy elementales. De nada han valido convenios y la expedición de supuestos códigos de ética entre los mismos despachos para no utilizar esos métodos.

Es por ello que, circunscrito dentro las malas prácticas de los despachos y la Reforma Financiera, la Condusef prepara las nuevas reglas, con las cuales se busca evitar abusos y molestias a los usuarios, sin promover una cultura del no pago. 

Si bien las instituciones financieras están en su derecho de recuperar el dinero prestado, y esto lo argumenta la propia Condusef, el organismo coincide en que hay formas adecuadas de hacerlo sin agredir o invadir la privacidad y los derechos de las personas.

Las estadísticas de la Condusef revelan que de los reclamos que recibió entre enero 2007 y mayo del presente año, el 65.1% de las quejas recibidas fueron por actos de molestia a clientes que no son los deudores del crédito atrasado, un 18.5% hace referencia a la gestión de los agentes con maltrato y ofensas para los deudores, mientras que el 14.1% son reclamos originados por usuarios que ya pagaron el crédito pero los despachos les siguen llamando de forma reiterada. En ese periodo de tiempo, el total de reclamos fueron de 188 mil 942 quejas.