José Jiménez

A unos días de los comicios electorales intermedios para renovar la cámara de diputados, gobernadores en nueve estados, congresos locales y presidencias municipales se encienden focos rojos con alta intensidad, más a una voz alarmista debe tomarse el llamado como preventivo e implementar medidas para evitar el desbordamiento que saquen del control necesario de una elección con elementos democráticos.

La violencia no le gusta al pueblo, al ciudadano y no conviene a nadie. La paz social se alcanza con justicia, pero la impunidad se ha impuesto. El señalamiento inmediato que hace el ciudadano es que no se respetan las reglas, ni se aplican los castigos en forma y tiempo, con lo que los partidos, sus dirigentes y candidatos actúan impunemente, violando todo. A más, cuando se hace se deja ver una actuación de consigna o de franca eliminación de un actor político, por el peligro que puede representar a futuro al que es descalificado al momento.

A un lado se tiene al por todos señalado partido verde, por el otro los candidatos que no cumplen con requisitos y al extremo el caso de sentencia de exclusión del ultimo jefe de gobierno del Distrito Federal, al extremo que se filtra información que muestra acciones en sentido contrario, como ocurrió con un magistrado ponente del tribunal electoral y una llamada de último momento que hizo cambiar su posición.  

A todos los partidos, dirigentes y candidatos se les ha señalado el enorme gasto de recursos públicos, la fiscalización a destiempo o justificados en la gruesa norma de los hechos consumados, sumando su mediana actuación ocupando el costoso tiempo en medios de comunicación, la televisión hoy por hoy en una sociedad de imágenes (homo videns, nos dice un teórico de la política), en insultar, lanzar descalificaciones y hasta acusaciones, en lugar de proponer, asumir responsabilidades y compromisos que no puedan dejarse en el olvido una vez electos.

Los formadores de la opinión pública, que se basan en información del Instituto Nacional Electoral, señalan a 12 mil secciones electorales en riesgo en todo el país, que se encuentran en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Distrito Federal.  

En este cuadro, en el que no se anota el estado de Jalisco que ha sido en los últimos días notorio por casos de violencia, los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca fueron enlistados como casos de preocupación por la inestabilidad que provoca la pobreza, la falta de empleo y la inseguridad pública, principalmente.  

En este marco, se tiene el último mes de la desaparición de los normalistas del estado de Guerrero antes de la elección, hecho significativo ya que fue el estado en donde por primera vez se demando la cancelación de las elecciones por la descomposición de gobierno, la violencia y la ausencia de justicia.

En este ambiente se suma que el presidente del principal organismo actor de la contienda, que regula, hace cumplir la ley, organiza y ofrecerá resultados, el Instituto Nacional Electoral se le exhibe en una situación sumamente incomoda al filtrar una llamada telefónica en la que se burla, como buen junior, de la forma de hablar de indígenas pero que también involucra en la mención a los padres de Ayotziapan; lo que le traerá, aunque se procure disminuir el impacto, un alto costo de interlocución política.

En los próximos días tendremos la etapa de recuento y evaluación de campaña, en donde deberán los candidatos ver objetivamente el espacio en el que se colocaron, se dejara ver con esto a los reales contendientes en cada caso si lo hay o de la tendencia notoria que favorece algún candidato, de los factores de poder, de las encuestas, desde las serias a las más tendenciosas que tratan de fabricar un ambiente artificial para influir, de los medios y mecanismos, pero también de la realidad social que demanda repuestas.