Agustín Vargas *

Sorprendidos quedaron los colegas reporteros que cubrieron la pasada convención de la Asofom por la asistencia de José Antonio González Anaya, pues salvo Francisco Gil Díaz en una convención de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que hoy preside Enrique Bojórquez Valenzuela, ningún titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había participado en un evento de los llamados intermediarios financieros no bancarios. 

La conclusión entre los asistentes y periodistas fue que ante el hecho de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición han acaparado la atención de los medios de comunicación, el funcionario quiso aprovechar el evento mencionado como oportunidad para aparecer en público y ocupar espacios en la prensa y demás medios.   

No en balde en la entrevista banquetera y en las noticias difundidas los temas predominantes fueron las relacionadas con la deuda pública que deja la presente administración y la entrega del gobierno al equipo de AMLO. 

Pero más allá de lo anecdótico, el hecho debe llevar a un análisis serio de las relaciones de este tipo de intermediarios financieros no bancarios con el Gobierno Federal, sobre todo frente al inicio de un nuevo régimen donde se supone que el cambio será su característica. 

La verdad de las cosas es que estas entidades no han logrado tener la fuerza económica y política suficiente para obligar a las autoridades a que los atiendan y tengan una interlocución como la que sí tienen con los grandes bancos, a los que privilegian en todos los sentidos. 

Para muchos participantes y analistas del mercado, ha quedado claro que a las autoridades financieras no les agradan los intermediarios que no sean bancos, los ven como un mal necesario que cuesta mucho trabajo supervisar y regular. 

El quebranto de las sofoles hipotecarias, los fraudes en sofipos, cajas de ahorro, uniones de créditos y otros intermediarios, han reforzado esa apreciación y esa actitud. 

Sin embargo, se debe reconocer que estamos ante un círculo vicioso, pues en esos problemas mucho ha tenido que ver la poca comprensión de la actividad por parte de las autoridades, su deficiente supervisión y una mala política de encauzamiento para este importante sector de las finanzas. 

Esperemos que Carlos Urzúa, Gerardo Esquivel, Abel Mauro Hibert, Patricia Armendáriz y Adalberto Palma, y demás próximos funcionarios públicos financieros, corrijan esa política errónea con los intermediarios no bancarios, con el fin de democratizar el crédito y el ahorro en México, fomentar la competencia en tasas y productos, sobre todo a través de la banca de desarrollo, la captación de recursos vía la emisión conjunta en el mercado de valores y otros mecanismos. 

No sería mala idea aplicar una nueva Reforma Financiera pero para todos, incluyendo a clientes y usuarios, no sólo para el beneficio de los bancos. 

Pymes, reforma regulatoria 

Si la macroeconomía no sólo se mantiene, sino también se fortalece tras el pasado proceso electoral, la Coparmex CDMX en voz de su presidente Jesús Padilla Zenteno, exige al nuevo gobierno federal, al de la CDMX y a los nuevos legisladores del Congreso de la Unión y de la Ciudad de México, una verdadera reforma regulatoria donde no sólo se destrabe la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, sino pongan las condiciones para que se potencialicen y sean el motor del desarrollo del país que equilibren la economía de todos los sectores.

“De poco sirve que 8 de cada diez mexicanos muestre habilidades y tengan recursos para iniciar un negocio, sólo por debajo de los chinos, si cuando se enfrentan a la realidad no sólo deben luchar contra el dique de trámites, sino también deben pagar entres por inspecciones, auditorías y decenas de obstáculos creados por las autoridades”, sentenció el empresario.

Por ejemplo, son 5,780 las diligencias contenidas en el inventario del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado, cuyo costo económico y social equivale a 2.16% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Según Padilla Zenteno, todas estas circunstancias provocan que sólo 25% de las pymes en México sobrevivan a los primeros dos años de creación, con un promedio de vida de sólo 7.7 años, lo cual resulta ser muy lamentable, cuando son estas empresas, más de 4 millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8% son Pymes, las que generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% del empleo en el país, la mayor cifra entre los 34 países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE).

En México existe un gran espíritu empresarial, de acuerdo con el Índice de Espíritu Emprendedor de Amway de 2016, sólo superado por los chinos. Sin embargo, el Índice Global de Emprendimiento y Desarrollo, dice que México se encuentra en el lugar número 62, dentro de un total de 118 países, porque una gran cantidad de los emprendedores se sitúan en la economía informal, existe una gran corrupción y, por lo mismo, poco capital de riesgo que aporte a nuestra capacidad de desarrollar y adoptar nuevas tecnologías.

Son las iniciativas emprendedoras las que generan innovación y le dan competitividad al país. Pero los problemas para subsistir les impiden, incluso, aprovechar la estabilidad macroeconómica para fortalecerse e, incluso, salir y apropiarse de mercados externos.

Sin duda este es el momento donde los nuevos gobiernos, tanto federal como de la Ciudad de México, así como en el Legislativo, deben responder a los jóvenes, quienes mayoritariamente votaron por ellos. El 33% de los emprendedores en México tienen entre 25 y 34 años, pero esa cifra debería incrementarse sustancialmente y poder comenzar el abatimiento de la desigualdad social del país y construir un país próspero, equitativo y competitivo.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx