Agustín Vargas *

En tiempos de transparencia, combate a la corrupción y austeridad republicana, las nuevas autoridades del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), que dirige Carlos Martínez Velázquez, parecen estar en una paradoja que no atinan a resolver y no quedar mal con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al no permitir la apertura de las cuentas del organismo de vivienda para su revisión. 

Resulta que el pasado 10 de diciembre de 2018, el Infonavit se vio obligado a promover un juicio de amparo en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza David Colmenares Páramo, y evitar con ello que ese organismo dependiente de la Cámara de Diputados realizara la revisión de la cuenta pública del 2017. 

La decisión de promover el amparo en contra de la revisión de la ASF fue del Consejo de Administración del Infonavit, acción legal que estuvo a cargo todavía de la pasada administración. Si no se hacía así, las acciones jurídicas las tendría que enfrentar el propio director del Infonavit. 

El Consejo de Administración del Infonavit, conformado por cinco integrantes del sector patronal, cinco del sector obrero (sindicatos) y cinco del gobierno, ratificó en sus cargos a Martínez Velázquez y colaboradores el día 14 de diciembre del 2018, aunque desde el primero de diciembre del año pasado ya despachaban en las oficinas del Instituto. 

Martínez pretende justificarse por el tema del amparo porque el juicio, resuelto parcialmente, contraviene el discurso de transparencia y combate a la corrupción del Presidente López Obrador, y aunque diga que ya manifestó su incomodidad al Consejo de Administración por ese asunto, la situación con la ASF por supuesto que la conocía más aún, porque durante el periodo de transición del nuevo gobierno él y su equipo tuvieron acceso a toda la información del organismo. 

El 19 de febrero de este año el Tribunal Colegiado resolvió el juicio de amparo en el sentido que revoca la suspensión para que se auditen sólo recursos públicos que hubiera entregado la Federación al Instituto y decreta la suspensión definitiva respecto al resto de los recursos. 

Pero aquí el pequeño gran detalle. El Infonavit no recibe dinero público. Cero recursos fiscales. Sus ingresos provienen de las cuotas de los patrones y de los trabajadores de todo el país. 

Sin duda que en el Infonavit, que este año ejercerá un presupuesto de 1.3 billones de pesos (incluido el otorgamiento de créditos), cifra equivalente a casi una cuarta parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, hay mucha tela de donde cortar en materia de transparencia y combate a la corrupción. 

La ASF tendría carnita para detectar actos ilícitos, pero la lógica de la decisión del Consejo de Administración, máximo órgano de gobierno del Infonavit, se sustenta en que la Auditoría Superior de la Federación no tiene porqué meter la nariz en el Instituto, pues éste no recibe recursos fiscales, el dinero que recauda pertenece a los trabajadores del país. 

O sea son recursos que tienen nombre y apellido. Así que la intentota de la ASF para revisar las cuentas del Infonavit tuvo su primer frentazo y a Martínez Velázquez, con todo y su incomodidad, no le queda más remedio que acatar las órdenes del Consejo de Administración y seguir ejercitando acciones legales para evitar que se violente el régimen jurídico de la hipotecaria más grande e importante de México y Latinoamérica. 

Meade, confirmado en HSBC 

Se confirmó el anuncio que se hizo en esta columna la semana pasada: el excandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, obtuvo un alto cargo en el Consejo de Administración del banco HSBC Holding plc., por el que percibirá alrededor de 229 mil pesos mensuales. 

Los dimes y diretes no se hicieron esperar, mientras sus panegiristas salieron voluntariosamente a explicar que hace 15 meses dejó el cargo de secretario de Hacienda, por lo que no violaba la ley de servidores públicos que fija un año el lapso que debe pasar para que un funcionario público pueda ser empleado por una empresa privada del sector en el que tenía injerencia, sus detractores argumentaron que si bien el nombramiento era legal y no había por tanto conflicto de interés o de puerta giratoria, sí es de carácter ético y moral. 

Sin embargo, lo que ha sorprendido a analistas y observadores es el por qué el exsecretario de Relaciones Exteriores aceptó la oferta de un banco que, durante muchos años, ha padecido una mala reputación tanto a nivel internacional como nacional, considerando que cualquier otro intermediario financiero lo hubiera admitido en sus filas. 

Obviamente viene a la memoria de inmediato el juicio que perdió en Estados Unidos acusado de lavar más de mil 100 millones de dólares del cártel de Sinaloa entre 2006 y 2008, caso que se explica e ilustra de manera extraordinaria en el capítulo “Banca y lavado” de la serie “Dirty money” de Netflix. 

Hace tres años también se vio envuelto en un escándalo internacional al corroborarse que en su sucursal en Suiza, empresarios y políticos millonarios de todo el mundo, incluyendo a México, evadieron impuestos para sus países a través de cuentas que sumaron más de 100 mil millones de dólares. 

En la parte local y más recientemente, apenas la semana pasada también dábamos cuenta de una opaca cesión de deuda a accionistas de la constructora Sare, sin dar a conocer nombres ni cifras. Y para colmo 50 familias mexicanas le reclaman el pago de intereses por más de un millón de dólares, generados por un fideicomiso abierto hace doce años, a lo que se niegan directivos de ese banco. 

En fin, el tiempo nos dirá si la imagen de honestidad de Meade, bandera de su campaña presidencial, ayuda a levantar la mala reputación del HSBC, o si ocurre lo inverso en perjuicio del prestigio del también extitular de la Sedesol.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx