En el marco de los trabajos de reflexión sobre la elección judicial y los retos rumbo al próximo proceso electoral, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Sonia Pérez Pérez, destacó la importancia de realizar con oportunidad las modificaciones normativas necesarias para garantizar la paridad de género, la inclusión y la protección efectiva de los derechos de las mujeres en el ámbito judicial.

Durante su intervención en el foro Pairos y derivas del proceso electoral judicial extraordinario 2025. Reflexiones en torno a la justicia electoral con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, la consejera subrayó que vale la pena analizar las áreas de oportunidad en la elección judicial, pero también lo que salió bien y se debe conservar.

Puntualizó que el próximo proceso electoral iniciará en septiembre del año entrante, por lo que las reformas requeridas deberán estar concluidas a más tardar en junio. “Eso implica que tenemos 6 meses máximo, para poder hacer el análisis, propuestas específicas y valoraciones para que en su caso las apruebe el Congreso para que, entonces, pensemos desde la autoridad administrativa cómo lo vamos a implementar. Estamos a muy buen tiempo de analizar desde nuestras respectivas competencias”, apuntó.

En la mesa, “Avances en la paridad y desafíos en la implementación de acciones afirmativas para futuras elecciones”, Pérez Pérez recordó que, previo a la reforma que llevó a la elección de cargos judiciales, la integración del Poder Judicial de la Ciudad de México mostraba rezagos importantes en materia de paridad: 39 por ciento de los juzgados y 42 por ciento de las magistraturas estaban encabezadas por mujeres, con una participación aún menor en materias como la penal. Con la reforma, enfatizó, se espera alcanzar la paridad en 2027, lo que representa un avance en la igualdad sustantiva.

“¿Qué va a suceder en 2027 si siguen las reglas como están ahora?, ¿Habrá paridad en los cargos del Poder Judicial? Eso es me parece un punto en donde se puede poner una palomita a esta cuestión de la reforma. Por supuesto, hubo muchas voces y discrepancias en cuanto a la elección de los jueces, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que no había una igualdad ni una paridad en el ejercicio de los cargos y ahora con la reforma se espera que esto se logre”, advirtió.

Uno de los factores clave para alcanzar estos resultados en la Ciudad de México, explicó, fue el diseño de las convocatorias, ya que desde su emisión se estableció con claridad qué cargos correspondían a mujeres y cuáles a hombres, incluso por materia.

En cuanto ala violencia política contra las mujeres en razón de género, la consejera informó que durante la elección judicial se registraron pocos casos y ninguno fue sancionado, lo que atribuyó, en parte, a que en este proceso las mujeres compitieron principalmente contra otras mujeres. Este fenómeno, señaló, abre una importante línea de reflexión sobre las causas estructurales de la violencia política en los procesos ordinarios.

Pérez Pérez también hizo énfasis en la importancia de garantizar la protección de las mujeres no sólo durante las campañas, sino también en el ejercicio del cargo, y reiteró la necesidad de contar con procedimientos claros; aludió, en vía de ejemplo, a la competencia para conocer los casos de violencia política en el ámbito parlamentario y los criterios para resolverlos en la vía electoral. De igual forma, advirtió que en el ámbito judicial podrían presentarse situaciones similares que deberán ser atendidas con claridad competencial.

En la mesa participaron también, Paula A. Soto Maldonado, directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; Laura Patricia Jiménez Castillo, magistrada del TECDMX (moderadora) y José Jesús Hernández Rodríguez, magistrado del TECDMX (relator).

El foro se llevó a cabo en las instalaciones del Tribunal Electoral local y tuvo como objetivo fundamental el intercambio de experiencias en el marco del nuevo modelo del Poder Judicial y, en el papel que desempeñarán las personas juzgadoras para la protección de los derechos humanos con perspectiva de género.