Agustín Vargas

Hace ya casi dos meses, a principios de junio, el Gobierno de México dio por “finalizada” la Jornada Nacional de Sana Distancia y de inmediato instrumentó la denominada Nueva Normalidad para el reinicio de actividades como la minería, la construcción, la fabricación de equipo y de cerveza, entre otras.

No obstante, desde el arranque de la iniciativa --a la que fueron agregados semanas después otros sectores productivos-- lejos de eliminar la incertidumbre gestada en torno al manejo de la pandemia, las medidas ordenadas por las autoridades propiciaron una total anarquía a lo largo del territorio nacional con la puesta en marcha del Semáforo Covid-19.

La iluminada disposición, que consiste en un sistema con cuatro tonalidades cromáticas, ha puesto en alerta tanto a los gobiernos federal, estatal y municipal, como a la población en general, acrecentando la psicosis colectiva ante la incapacidad de las autoridades para definir acciones concretas que permitan superar el confinamiento y las crisis de salud y económica.

La pandemia ha afectado la salud de millones de personas en el mundo, pero también la economía de más de 120 países, que tuvieron que frenar sus actividades productivas y comerciales, con consecuencias sociales cuya magnitud, para cada país, aún no se conoce.

Para el caso de México, ya se contabiliza un mayor número de habitantes en pobreza extrema por la falta de ingresos y la recuperación, según expertos, podría ser más lenta debido a la política económica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha negado sistemáticamente otorgar apoyos para la subsistencia de la pequeña y mediana empresa, la mayor creadora de empleos, lo ha provocado el cierre definitivo de miles de establecimientos y millones de desempleados.

Según estimaciones de Coneval, como resultado de la crisis, la población cuyos ingresos no alcanzan la línea de pobreza en ingresos, crecerá entre 10 y 16 millones de personas al final de 2020.

La estrategia propuesta por las autoridades sanitarias federales, de un semáforo que va del rojo, que mantiene a todos en casa, hasta el verde que indica la libertad de acción, no fue bien interpretado por la sociedad en sus etapas intermedias, naranja y amarilla, que indican reanudar con restricciones la actividad productiva y comercial de la sociedad.

La constante contradicción de los mensajes de las autoridades sanitarias encabezadas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, incluso los del propio mandatario, ha puesto en duda la efectividad de las medidas.

Rebelión de gobernadores

A raíz de esto, varios gobernadores se han mostrado reticentes a la señalización epidemiológica, por lo que han aplicado estrategias propias para llevar a cabo la reactivación económica y de actividades en sus respectivos estados.

El mes pasado, incluso, los mandatarios de Colima, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su inconformidad ante un semáforo que no refleja la realidad de sus entidades. “Por el contrario, pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos”.

No es para menos, con asombro fuimos testigos hace un par de semanas de una declaración descabellada del jefe del Ejecutivo federal en la que prácticamente anunció que el gobierno de México renunció a garantizar la salud de la población al hacerla responsable de su integridad física y sanitaria.

En uno de sus mensajes de fin de semana, el presidente López Obrador dijo que si los mexicanos tenían que salir a la calle a buscarse la vida, salieran con cuidado y recuperaran su libertad.

Así o más claro, porque en lo sucesivo cada mexicano que deje el confinamiento y decida desbocarse a las calles por lo que sea, será el responsable de su vida, pero también de su muerte.

Desde la visión gubernamental, en materia de salud es culpable cada ciudadano, si no se supo cuidar, pero también son corresponsables los gobiernos estatales y municipales; en materia económica, los culpables de la crisis, son los empresarios que no han invertido en México y han optado por sacar sus capitales del país. La 4T queda exonerada de cualquier culpa, ¿o no, señor presidente?.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx