El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Inclusión y Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para adicionar un segundo párrafo al apartado C numeral 2 del artículo 9 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, en materia de derecho a la alimentación y creación de un Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios.
La iniciativa materia del dictamen fue suscrita por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, quien destacó que el derecho humano del que derivan todos los demás es el de la alimentación, por lo que debe ser garantizado para no afectar el desarrollo integral de los seres humanos.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, precisó que esta reforma plantea establecer mecanismos claros para atender el derecho fundamental a la alimentación, en beneficio de las y los capitalinos.
Agregó que una buena nutrición tiene un impacto directo en la salud de las personas y permite combatir enfermedades derivadas de la ingesta inadecuada de alimentos, como la obesidad, diabetes e hipertensión.
En México, los comedores sociales tienen como prioridad hacer frente a la pobreza, así como a los elevados niveles de desigualdad y marginación social; y el Informe de Pobreza y Evaluación de las Entidades Federativas 2020 de la Ciudad de México del CONEVAL reportó que la población con carencia por acceso a la alimentación en la
capital es de un millón 218 mil personas.
Con el objetivo de atender esta problemática, el gobierno local a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social ha mantenido desde el año 2009, la implementación del Programa Comedores Sociales, que ofrece espacios limpios con acceso a comidas completas y balanceadas a bajo costo o de forma gratuita.
Según datos del INEGI, los hogares de la Ciudad de México destinan aproximadamente el 34 por ciento de sus ingresos en alimentos, bebidas y tabaco, por lo que este programa de comedores abona a la protección social y alimentaria de los sectores más vulnerables.
A efecto de garantizar el derecho a la alimentación y a la nutrición, el dictamen aprobado señala que se deberán establecer, entre otros mecanismos, un Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios, de conformidad con reglas de operación que permitan costos mínimos o gratuitos para las personas usuarias.
Al razonar su voto, la legisladora Polimnia Romana Sierra Bárcenas (PRD) resaltó que los comedores comunitarios incluyen, reparan y afianzan a la comunidad, además de proporcionar una alimentación balanceada. “Bien por quien inició este programa y hoy lo inscriben en nuestra Constitución como un recurso más, una estrategia para tejer de nuevo esta Ciudad”, afirmó.
El congresista Alberto Martínez Urincho (MORENA) afirmó que en un contexto internacional la inseguridad alimentaria es enorme y sigue en aumento, por ello en el caso de México la alimentación debe ser un derecho humano incluyente; y la implementación de los comedores comunitarios públicos favorece a la población de alta vulnerabilidad y ayuda a los más necesitados.
Al subrayar la trascendencia de modificar la Constitución local para garantizar el derecho a la nutrición y alimentación, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) dijo que el camino que va de la creación de los programas sociales a su establecimiento como derechos es fundamental para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo a través de acciones que refuercen la organización comunitaria y muestren la importancia de un uso correcto de los recursos.
