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Con el objetivo de disminuir significativamente la desigualdad social e impulsar políticas orientadas al logro de la igualdad de derechos, oportunidades, medios y resultados, el Congreso local aprobó expedir la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México.
Al presentar el dictamen, el legislador Alberto Martínez Urincho (MORENA) sostuvo que con esta normatividad se construye un auténtico estado de bienestar, que incorpora los aprendizajes de la construcción de una política social con enfoque de derechos, que se fue ampliando y mejorando para que los derechos sociales fueran el motor para lograr condiciones justas, favorables y dignas para el desarrollo de las personas.
La norma mandata que al inicio de cada administración se formule un Programa Especial de Derecho al Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, que debe orientar el conjunto de políticas y programas sociales desde una lógica integral y multisectorial, con la inclusión de las dimensiones de alimentación, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, cuidados, cultura, deporte, trabajo, movilidad, superación de la pobreza, disminución de las desigualdades y atención e igualación social de los grupos de atención prioritaria.
Al hablar en contra del dictamen, la congresista Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD) señaló que contraviene diversas disposiciones constitucionales al omitir las atribuciones exclusivas de las alcaldías y la coordinación que debe considerarse para la ejecución de las políticas sociales; agregó que es una regresión en la descentralización de funciones a cargo del gobierno local, que podría provocar la desaparición de programas sociales en las alcaldías.
La diputada Maricela Zúñiga Cerón (MORENA) señaló que este dictamen atiende una deuda histórica con los diversos grupos de atención prioritaria de la capital, y busca crear un sistema de bienestar que articule las diferentes acciones de gobierno mediante una visión general; vincula al gobierno capitalino a trabajar coordinadamente con los gobiernos local y federal, lo que evitará que desaparezcan los programas sociales en las alcaldías, al fortalecerlos mediante esta vinculación.
En su oportunidad, el legislador Federico Döring Casar (PAN) consideró que el dictamen es de simulación porque tiene una serie de anomalías, entre estas, que no se hizo la consulta a pueblos y barrios. Agregó que su grupo parlamentario apoya los programas sociales, “vamos siempre a respaldar la política social que contribuya a paliar la desigualdad, no vamos a hacer nada que ponga en riesgo los apoyos de la ciudadanía”.
Al hablar a favor, la diputada Martha Soledad Avila Ventura (MORENA) afirmó que la aprobación de esta ley busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales,
económicos y ambientales, con el objetivo de permitir que la ciudadanía acceda a una vida digna, libre de pobreza y con pleno desarrollo personal.
Razonaron su voto los congresistas Royfid Torres González y Carlos Joaquín Fernández Tinoco (Asociación Parlamentaria Ciudadana); Fausto Manuel Zamorano Esparza, Tania Nanette Larios Pérez, Jhonatan Colmenares Rentería, Ernesto Alarcón Jiménez, Guadalupe Barrón Hernández y Maxta Iraís González Carrilo (PRI); Federico Chávez Semerena y Ricardo Rubio Torres (PAN); Gerardo Villanueva Albarrán y Valentina Batres Guadarrama (MORENA); y Ana Jocelyn Villagrán Villasana (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal).
Durante la discusión se reservaron diversos artículos que presentaron las personas legisladoras Sierra Bárcena (PRD), Martínez Urincho (MORENA), Döring Casar (PAN) y Larios Pérez (PRI).
En cuanto al paquete de reservas presentadas por el diputado Martínez Urincho y aprobadas por el pleno del legislativo local, cabe destacar que tienen como objetivo precisar la inclusión de las personas de la comunidad LGBTTTI+. Al presentar una reserva al artículo 4, el diputado Döring Casar explicó que se refería a la exigibilidad de los derechos, lo que permite que no estén supeditados a la suficiencia presupuestal, sino la dimensión o cobertura de un programa, la cual fue aprobada.
La diputada Larios Pérez presentó una reserva al artículo 58, en que destacó que la modificación garantiza que los programas sociales sean otorgados a las personas que lo requieran, y asegura la participación de las alcaldías en el diseño e implementación de políticas públicas, la cual fue aprobada.
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