Es urgente que la Ciudad de México afronte uno de los mayores desafíos que establece la Carta Magna y cuente con una norma enfocada a combatir la corrupción y la impunidad, de manera frontal, con la mayor transparencia, así como a través de mecanismos eficaces y eficientes, señaló la diputada local Elena Segura Trejo, al presentar la iniciativa por la cual se crea la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Barómetro Mundial de la Corrupción 2013, entre las instancias que se perciben con esta problemática en mayor nivel, se encuentran: los partidos políticos (en 91%), la policía (en 90%), los funcionarios públicos (en 87%), el poder legislativo (en 83%) y el poder judicial (en 80%).
Mientras que, el 75% de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Finalmente, una tercera parte de estos pagos se entregan a dependencias municipales.
En el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la legisladora recordó que, ante la problemática relacionada con actos de corrupción, el gobierno federal publicó, en el Diario Oficial de la Federación (2015), la reforma constitucional en la materia y las leyes secundarias (2016) que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, creado como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno.
No obstante, según el monitoreo realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado “semáforo anticorrupción”, sólo los estados de Nayarit y Chiapas cuentan con una Ley satisfactoria, y la Ciudad de México aparece como una entidad sin Ley en este rubro.
Así, apuntó Elena Segura, entre otras cualidades a resaltar, la propuesta de Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX se encuentra estructurada en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución Política de la Ciudad de México.
Como objetivos principales, se adicionan la integración de la capital del país en el Sistema Nacional Anticorrupción; la transparencia y fiscalización, como temas relevantes en las bases mínimas integrales; así como el establecimiento de las plataformas de coordinación con el Sistema Nacional. Además, se considera pertinente que las Alcaldías formen parte del Sistema Local Anticorrupción.
En congruencia con la iniciativa de Ley de del Sistema Anticorrupción de la CDMX que presentamos, “también proponemos esta norma, para cumplir con el mandato emanado de la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, además de materializar uno de los cambios más importantes en el andamiaje constitucional que ha tenido la Ciudad de México los últimos años”, afirmó la legisladora local.
Esta iniciativa busca delimitar las obligaciones y comportamiento de los funcionarios públicos, así como las sanciones administrativas para particulares o funcionarios que incurran en actos de corrupción. Todo ello, en colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, quien tiene competencia para conocer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, vinculados con faltas graves promovidas por la Contraloría General de la Ciudad de México, los órganos internos de control de los entes públicos y las demarcaciones territoriales, o por la propia Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Asimismo, la Ley propone dotar de mayores facultades de investigación a los órganos internos y externos de la administración pública, y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Finalmente, la diputada Elena Segura Trejo, presidenta de la Comisión Especial para el Estudio y Análisis de las Finanzas Públicas, afirmó que es indispensable contar con estrategias exitosas para erradicar la corrupción, sustentadas en elementos que permitan localizarla, medir su extensión, identificar sus causas, encontrar las áreas de riesgo que permiten su reproducción, examinar sus mecanismos de operación, exhibir sus efectos y estudiar las experiencias exitosas en el tema.
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