La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de Morena ante la Corte sólo busca obstruir, como lo han hecho con la Ley de Reconstrucción y el Fondo, la aplicación de los recursos de la reconstrucción para la Ciudad de México, denunció el diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Considerar ilegal los artículos 13 y 14 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2018, dijo, es temerario y muestra una absoluta falta de conocimiento de las atribuciones de la ALDF, ya que los legisladores tienen las facultades expresas de fiscalizar y aprobar el presupuesto.

El Artículo 14 es muy preciso, explicó, destaca que las unidades responsables del gasto deberán contar con la aprobación de las comisiones de Gobierno y de Presupuesto y Cuenta Pública, y una vez que eso se haya cumplido, se hará el trámite ante la Secretaría de Finanzas para que entregue los recursos a la dependencia o demarcación y se lleven a cabo los trabajos aprobados.

“La Asamblea Legislativa en ningún momento ejercerá los recursos destinados a la reconstrucción, ni define en qué aplicarlos. Eso le corresponde al gobierno de la CDMX y al Comisionado para la Reconstrucción”,  enfatizó el también subcomisionado para la Reconstrucción de la CDMX.

Incluso, comentó que el Programa de Reconstrucción ya está operando porque la ALDF está  seguro de su legalidad y fue una decisión aprobada por el pleno, que es la máxima autoridad de este órgano legislativo.

“El único interés del poder legislativo es que los recursos que se destinen para la reconstrucción tengan el destino final para lo que fueron aprobados y coadyuvar, en coordinación con el gobierno de la ciudad, en la atención de la emergencia, por eso llama la atención que esta disposición sea motivo de controversia”, destacó. 

Por esta razón, Leonel Luna consideró que es absolutamente falso que diputados del órgano legislativo local "manejen los recursos", pues como se ha señalado será la Secretaría de Finanzas la encargada de la administración, como claramente quedó señalado en la Ley para la Reconstrucción.

Confió que la Corte declare la legalidad de los artículos impugnados, ya que les asiste la razón jurídica y el fin es apoyar a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.