Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial impiden el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y afectan particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia., aseguró la diputada Valentina Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario de Morena. 

Por lo anterior, la legisladora presentó en el Congreso de la Ciudad de México, una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los impartidores de justicia locales y federales, a implementar de manera permanente “El protocolo para juzgar con perspectiva de género” para su labor jurisdiccional, con la intención de garantizar el ejercicio del derecho al acceso de la justicia por parte de todas las mujeres. 

“Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos”, abundó. 

Batres Guadarrama señaló que la Recomendación General 33, sobre el acceso de las mujeres a la justicia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, menciona que en la práctica, se observa una serie de obstáculos y restricciones que impiden a las mujeres ejercer su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, incluida la falta de protección jurisdiccional efectiva. 

“Esos obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, los procedimientos compuestos de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria, y al hecho de que no se ha logrado que los mecanismos judiciales sean física, económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres”, mencionó. 

De acuerdo con el documento de la Diputada de Morena, las causas de discriminación  pueden incluir la etnia y la raza, la condición de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil y/o maternal, la localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales. 

Otro de los factores, indicó, que entorpecen el acceso de las mujeres a la justicia incluyen el analfabetismo, la trata de mujeres, los conflictos armados, la búsqueda de asilo, los desplazamientos internos, las migraciones, las mujeres que encabezan hogares, la viudez, las que viven con el VIH/SIDA, la privación de libertad, la penalización de la prostitución, el alejamiento geográfico y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos.