El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Constitución Política local, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de la Sala Constitucional, mediante las cuales se modifican las fechas para la designación del fiscal General de Justicia, la entrada en operaciones de esta dependencia, así como la ley que la regulará. 

De acuerdo con el dictamen aprobado por el pleno y presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y Administración y Procuración de Justicia, la ley de la Fiscalía General de Justicia entrará en vigor el 5 de diciembre de 2019. 

En tanto, la persona que ocupe la Fiscalía será designada por el Congreso de la Ciudad de México a más tardar el 15 de diciembre de este año. Y el 10 de enero del año 2020 la Fiscalía comenzará sus operaciones. 

En nombre de las comisiones unidas, el diputado Eduardo Santillán Pérez aseguró que con la aprobación del dictamen se avanza en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en las materias de Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Electoral, la Fiscalía Anticorrupción, la Sala Constitucional, así como el Consejo de la Judicatura. 

“El propósito es darle cumplimiento a las disposiciones constitucionales y establecer mecanismos que nos permitan tener instituciones sólidas, fuertes. Por ejemplo, en el ámbito electoral y anticorrupción, se tendrá que hacer una revisión de los tipos de delitos electorales y de corrupción; esto nos llevará al diseño de ambas Fiscalías y evidentemente todos estos procesos tendrán un período previo de análisis y de consulta”. 

Reconoció la participación de los grupos parlamentarios representados en el Congreso local para establecer un cronograma de actividades legislativas. “No basta con una mayoría para reformar la Constitución; lo que se necesita es el mayor consenso posible”, dijo. 

Los cambios avalados en la sesión de este martes derivan de la iniciativa presentada por Santillán Pérez, diputado de MORENA, quien argumentó que las normas e instituciones fueron programados para operar de manera gradual; sin embargo, “los cambios no deben ser cosméticos, sino profundos, que vayan acordes a la nueva realidad del país y de la ciudad, mediante el fortalecimiento del Poder Judicial”. 

Con las reformas aprobadas, además, se fortalece la independencia del Consejo de la Judicatura, mediante la creación del Consejo Judicial Ciudadano y de la Sala Constitucional, cuya tarea será dirimir las controversias entre los Poderes y salvaguardar los derechos humanos. 

La operación de este Consejo y la Sala tienen algunas adecuaciones en las fechas. Las diputadas y los diputados del Congreso local deberán designar al Consejo Judicial Ciudadano a más tardar el 30 de septiembre de 2019. 

Este Consejo Judicial Ciudadano designará a las y los integrantes del Consejo de la Judicatura a más tardar el 15 de diciembre de 2019 y éste comenzará sus funciones el 13 de enero de 2020; además, deberá instalar Juzgados Tutelares en cada una de las alcaldías, mismos que entrarán en funcionamiento el 31 de julio del año 2020. 

En el dictamen de reformas se establece que en tanto el Consejo Judicial Ciudadano no designe a las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, las y los consejeros de la Judicatura designados con anterioridad continuarán en el cargo. 

Por lo que corresponde a la Sala Constitucional, al Tribunal Superior de Justicia le toca designar a las y los integrantes de la Sala a más tardar el 1 de diciembre de 2019, misma que quedará debidamente instalada al día siguiente de los nombramientos. 

Como parte del debate en el  Congreso, la diputada Margarita Saldaña, en representación del grupo parlamentario del PAN, lamentó que se deban reformar los artículos transitorios de la Constitución. “Lo que estamos haciendo es aprobar un aplazamiento de los plazos que marca la Constitución y no es un asunto menor, no es capricho, ya que si una norma se aprueba fuera de los plazos, ésta puede ser controvertida o invalidada”. 

“No es cuestión de cumplir con los tiempos; también es cuestión de una secuencia legislativa. Si no cumplimos con la encomienda, estamos en riesgo de hacer leyes fuera de tiempo y forma, ya que casi todas las leyes merecen de una consulta y hay dictámenes que se deben someter a consulta, pero al no estar la ley secundaria estamos dejando de hacer algo que nos mandata la ley y es tomar en cuenta a la ciudadanía”, agregó. 

Por ello, dijo, la petición a las diputadas y diputados que integran la presente Legislatura “es hacer un alto en el camino, preguntarnos si estaremos ocupando la tribuna para temas trascendentales. ¿No estaremos envueltos en un enjambre de puntos de acuerdo? Sin ofender o molestar. Lo cierto es que debemos hacer uso de las facultades que tenemos en el Congreso de la Ciudad y una de ellas es fortalecer la gestión ciudadana”. 

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, también lamentó que se deban corregir artículos transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México. “Tenemos que cambiar los transitorios, que son eso: tránsito de la norma, y eso tenemos que hacer ahora”. 

En la aprobación del dictamen “llegamos al consenso que nos obligó la improductividad legislativa y vendrán otros cambios a transitorios, y para ello tendremos que consensar los cambios. Debemos cambiar la improductividad  porque se han privilegiado los puntos de acuerdos y nos hemos enfrascado en discusiones, como diría el diputado Eduardo Santillán, bizantinas. Como PRD venimos a apostarle a que la Constitución sea la norma suprema de la ciudad y como norma suprema que sea inmaculada en su validez y obligatoriedad”.