El Congreso de la Ciudad de México recibió las iniciativas con proyecto de decreto para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal y para expedir la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

De acuerdo con las propuestas enviadas por Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la capital, las modificaciones al Código Penal prevén un endurecimiento de las penas por reincidencia, por agresiones y homicidio, en caso de que sea cometido por integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana. 

También prevén aumentar las sanciones para los delitos de feminicidio, extorsión y el robo en sus diversas modalidades, destacadamente el de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos. 

Las iniciativas buscan atender las principales causas de la inseguridad, así como alinearse a la Carta Magna y a la Constitución Política de la Ciudad de México, expresó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, al diputado Jesús Martín del Campo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local. 

La funcionaria, quien acudió en representación de Sheiunbam Pardo, destacó que la nueva ley y las reformas al Código Penal pretenden “reducir la violencia” en la ciudad e incrementar las penalidades en torno a “aquellos delitos que afectan al ciudadano, a la mayoría de los ciudadanos”. 

La iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana prevé la creación de un Gabinete de Seguridad en el gobierno central y en cada una de las alcaldías, el establecimiento de un Consejo de Seguridad Ciudadana, el establecimiento de la Universidad de la Policía y la puesta en marcha de un registro de detenidos, entre otras medidas. 

Durante la entrega de los documentos, la funcionaria indicó que la estrategia de Claudia Sheinbaum se basa en cinco ejes fundamentales: la primera es la atención a las causas mediante programas intensivos de educación, cultura, deporte, capacitación para el empleo, con principal énfasis en los jóvenes y en las mujeres. 

El segundo es mayor presencia policiaca no sólo física, también con infraestructura y herramientas que permita a los policías ser más eficientes en la persecución de los delitos. El tercero es inteligencia y justicia, mediante el fortalecimiento de la investigación y el uso de herramientas tecnológicas. 

El cuarto punto es la coordinación interinstitucional y ciudadana, a partir de la integración y articulación de la capacidad institucional de todos los niveles de gobierno y su vinculación permanente con la ciudadanía. “El quinto eje son las modificaciones al marco legal que permitan adecuarse a una realidad cada vez más violenta y ante una delincuencia más agresiva”. 

De manera detallada, Rosa Icela Rodríguez explicó que con las reformas al Código Penal se busca incrementar las penas en el delito de robo, sus agravantes y calificativos: robo simple a casa habitación; de identificaciones falsas o supuestas órdenes de autoridad, en vehículo particular, robo en transporte público, robo de automóvil, robo de autopartes; en contra de los transeúntes. 

“También en contra de cualquier medio o artificio técnico desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías, tales como teléfonos celulares, laptops, tabletas, computadoras, también el robo en contra de los cuentahabientes y los cometidos por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad ciudadana o personal operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, aunque no estén en servicio, es muy importante”. 

“Un punto importante es que se incrementa la penalidad por el uso de la violencia. Lo que se está buscando es que en la Ciudad de México se reduzca la violencia y haya cada vez más penalidades en torno aquellos delitos que afectan al ciudadano, a la mayoría de los ciudadanos”, dijo. 

Ante los legisladores, la funcionara pública señaló que en este mismo ámbito se contemplan beneficios penales y sustitutivos penales, aunque están negados para reincidentes.