La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, suscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX, misma que fue turnada para su análisis y discusión a la Comisión de Seguridad Ciudadana de este órgano colegiado.
En dicha iniciativa, se reconocen incrementos del crimen organizado, las armas de fuego en manos de particulares, el uso de estupefacientes y la violencia en contra de mujeres, niños, adolescentes, población indígena, afrodescendientes y personas en condiciones de vulnerabilidad, como resultado de la falta de empleos de calidad, deficiencias en el sistema educativo, descomposición institucional por la corrupción, deterioro del tejido social, crisis de valores cívicos, incremento de adicciones, olvido en la generación de políticas de atención a jóvenes y anacronismos del marco legal.
El proyecto establece una mayor coordinación entre el gobierno federal, de la ciudad y las alcaldías, participación de la ciudadanía a través de comités, comisiones y la integración de un Consejo Ciudadano, y un cambio del paradigma, de seguridad pública a seguridad ciudadana, para “la generación de un estado de cosas en que la persona vive libre de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez del fortalecimiento de un gobierno que cuenta con las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas”.
La propuesta del gobierno capitalino define una estrategia integral de política de paz y seguridad, que considera la atención de las causas y prevención del delito; mayor presencia policiaca, con mayor capacidad física, técnica y profesional de atención y respuesta, más infraestructura, mejores estrategias de investigación y herramientas tecnológicas; inteligencia y justicia, mediante el fortalecimiento de la investigación criminal y el uso de herramientas tecnológicas.
Además, busca mejorar la coordinación interinstitucional y ciudadana; la integración y articulación de la capacidad institucional en todos los niveles de gobierno y modificaciones al marco legal, “para adecuarlo a una realidad cada vez más violenta y una delincuencia cada vez más agresiva”.
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