Las y los diputados locales presentaron varias iniciativas para reformar el Código Penal y sancionar a quienes aprovechen su condición de autoridad laboral, docente o cualquier otra para solicitar favores sexuales; también para castigar a los funcionarios que obstaculicen denuncias de mujeres y niñas, víctimas de algún delito. 

Incluso, las propuestas de modificaciones tienen el objetivo de establecer la imprescriptibilidad de delitos sexuales; asimismo, sancionar a los servidores públicos que difundan imágenes o videos de las víctimas u ofendidos de hechos constitutivos de algún delito. 

Durante la sesión de este martes, la diputada Valentina Batres Guadarrama, de MORENA,  presentó un proyecto de iniciativa para reformar el Código Penal, en materia de hostigamiento sexual. 

Lo que se busca, dijo, es establecer que a quien aprovechándose de su autoridad, derivada de relaciones jerárquicas laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, solicite favores sexuales para sí, o para una tercera, y cause un daño o sufrimiento psicoemocional. La pena propuesta es de uno a cuatro años de prisión. 

En la sesión ordinaria, el diputado Nazario Norberto Sánchez, de MORENA, presentó una iniciativa para modificar el mismo ordenamiento; la finalidad es endurecer las sanciones a aquellos servidores públicos que indebidamente nieguen, retarden u obstaculicen el auxilio, o servicio a mujeres y niñas víctimas de delitos. 

La propuesta es una sanción de hasta 15 años, al servidor público que por sí mismo, o a través de otra persona utilice violencia física o moral, inhiba o intimide, ejerza represalias o coaccione a una víctima u ofendido a otorgar el perdón, o evitar que denuncie o aporte información a la presunta comisión de un delito en contra de mujeres o niñas”.  

La diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del PRD, plantea reformar el mismo Código, con la finalidad de que las víctimas tengan la potestad de denunciar sin que exista un plazo perentorio para interponer su querella, permitiendo así que sin importar el tiempo que ha transcurrido a partir de que fueron violentadas, puedan reclamar justicia.

Más adelante, la diputada Guadalupe Morales Rubio, de MORENA, suscribió un proyecto de iniciativa para reformar el mismo ordenamiento, en materia de uso ilegal de atribuciones y facultades de los servidores públicos. 

Lo que se propone es establecer que el servidor público que por cualquier medio difunda, exponga, comparta, distribuya, comercie, oferte o publique imágenes o videos de las víctimas u ofendidos de hechos constitutivos de algún delito, se le impondrán de tres meses a nueve años de prisión.

Durante la sesión ordinaria de hoy martes, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Amparo, en materia de procedencia contra actos de particulares.