La polémica por las empresas de transporte público individual (taxi) Uber y Cabify está lejos de terminar. Ante la inacción de las autoridades, Marco Antonio García Ayala pide operativos de verificación para ambas.

Se ha cumplido el plazo de dieron asociaciones de taxistas afectados por estos servicios al Gobierno del Distrito Federal (GDF) para poner un alto a los taxis “piratas”. Rufino León Tovar, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) advirtió en respuesta que se regularían los servicios de empresas como Uber y Cabify, toda vez que, dijo, prestan un servicio de transporte a cambio de una remuneración económica. Sin embargo, estas empresas operan desde hace ya 2 años, en el caso de Cabify, y un año con tres meses, en el caso de Uber, en la Ciudad de México. Es decir, desde ya entrada la administración de Miguel Ángel Mancera.

De acuerdo a las regulaciones del GDF, la Semovi cuenta con 139 mil 128 concesiones de taxi, mismos que cubren un 5% del servicio de transporte, y deben cumplir con las reglas de ésta dependencia y de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) para poder operar.

De acuerdo a la Ley de Movilidad, las tarifas del transporte individual de pasajero serán establecidas por el titular del GDF, para el presente caso, Miguel Ángel Mancera; las unidades destinadas para tal efecto “se sujetarán a los manuales y normas en materia de diseño, seguridad y comodidad expedidas por la Semovi”. A su vez, la dependencia deberá emitir los lineamientos de cromática que deberán acatar los transportistas en sus unidades. Por su parte, los usuarios tendrán “derecho a conocer el número de licencia del tarjetón, fotografía y nombre del conductor y matrícula de la unidad concesionada”.

Si bien son necesarios todos estos requisitos para poder brindar el servicio de manera legal y conforme a la ley, la Sedema estableció hace poco más de un mes que a partir del 2015 ningún taxi con más de diez años de antigüedad o carente de la cromática oficial podrá ser objeto de verificación vehicular. Con esto, aseguraron las autoridades, se busca eliminar el servicio de taxi ilegal.

Tomados en cuenta estos lineamientos, además de los demás artículos establecidos en la Ley de Movilidad, "es necesario tener la concesión otorgada por el GDF, y todo aquel que no cuente con ella, ofrece y presta el servicio en cita al marco del andamiaje jurídico de la Ciudad de México en detrimento de las personas que sí cuentan con la concesión, así como los usuarios de este servicio", sentenció el legislador priísta.

Y es que los conductores de Uber y Cabify atraviesan por un proceso de selección similar –aunque ligeramente más elaborados los de la primera- para poder ser acreditados como tales. Destacan la carencia de antecedentes penales, licencia de circulación vigente, comprobante de domicilio y seguro particular de auto.

Hasta el momento, las protestas generadas a partir de la inconformidad de los taxistas en países como España, Colombia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos –y que han derivado en su prohibición en Barcelona y Berlín- no han sido suscitadas por las ganancias de éstas sino por la afectación a los taxistas oficiales. Mientras, en Londres y Washington se ha logrado la regularización del servicio de estas empresas bajo el concepto de “transporte privado”.

Aunque no por ello es de menospreciar que el costo de los transportes va en aumento conforme al modelo del auto y el traslado. Así, Uber cobra a cada uno de los más de un millón de conductores alrededor del mundo un 20% de sus ganancias por viaje; mientras, Cabify, que especifica contar con padrón de 300 conductores en la Ciudad de México, no cuenta con una comisión establecida de manera fija.

Con todo esto, según la información oficial de Uber, la empresa ha sido valuada en 17 mil millones de dólares (mdd). Pero la agencia Bloomberg ha dado conocer en un informe reciente que la valuación de la empresa puede alcanzar los 40 millones de dólares.

García Ayala no manifestó su preocupación por las grandes sumas recaudadas por estos servicios, sino que puso especial énfasis en las cuestiones de seguridad y competencia entre concesionarios conforme a las leyes. Al menos en el primer apartado, las políticas de Uber establecen la no supresión de información respecto de todo aquel que haya fungido alguna vez como conductor listado. Faltará que tanto la Semovi como la Sedema informen si como parte de los trabajos para regularizar estos servicios se han encontrado las licitaciones pedidas por el legislador tricolor. La fecha anunciada por León Tovar se acerca y hasta el momento, se desconoce cualquier adelanto.