El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) suscribió un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local y el Tribunal Electoral capitalino (TECMX), a efecto de implementar acciones y medidas conjuntas que garanticen el libre ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos, y sirvan para desactivar actos de violencia política en actos públicos, durante el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.

A través del convenio marco tripartita, se establecerán protocolos de atención a la violencia política y violencia política de género; mecanismos de capacitación a servidoras y servidores públicos; presencia de oficiales electorales en eventos públicos para registrar actos indebidos, y la instalación de un módulo para recibir quejas relacionadas con el proceso, y de ahí sean turnadas, según el ámbito de sus competencias, al IECM, al TECMX o a la CDH local.

La firma del convenio estuvo encabezada por el Consejero Presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda; la Presidenta de la CDH local, Nashieli Ramírez Hernández; y el Magistrado Presidente del TECMX, Armando Hernández Cruz, en un acto público en la sede de la CDH.

En la firma participó como testigo de honor el titular de la FEPADE, Héctor Marcos  Díaz-Santana Castaños, y acudieron como invitados especiales consejeras y consejeros electorales, magistradas y magistrados del Tribunal, así como visitadoras y visitadores de la Comisión de Derechos Humanos.

En su intervención, el presidente del IECM destacó que el convenio signado no sólo contempla acciones conjuntas para evitar situaciones que vulneren los derechos fundamentales de la ciudadanía en época electoral.

También busca generar una serie de capacitaciones hacia las y los servidores públicos del Instituto, el Tribunal y la Comisión, a fin de identificar, en el ejercicio de sus respectivas funciones, qué actos pudieran lesionar tales derechos y en razón de ello, dar el aviso a la autoridad competente, para iniciar las investigaciones correspondientes.

“Me parece que el actuar interinstitucional es determinante, y agradecemos la presencia de la FEPADE en la suscripción de este convenio, pues la persecución de los delitos electorales es un tema que permitirá generar un círculo virtuoso en la acción interinstitucional.

“Hoy día, nosotros enfrentamos una situación de violencia muy focalizada que sin duda nos permitiría afirmar que en la Ciudad habrá que tomar acción para frenarla y no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos”, enfatizó Velázquez Miranda.

Por su parte, la Presidenta de la CDH de la Ciudad de México expresó la preocupación del organismo que encabeza, debido al ambiente de violencia que se ha generado en el marco de las precampañas locales, lo cual no permite el ejercicio de derechos como la participación ciudadana, la libertad de expresión y la libertad de reunión, entre otros.

“En este organismo, se tiene registro de 2014 a la fecha, de 11 quejas vinculadas a este tipo de violencia, donde se puede presumir la participación de servidores públicos. Por ello, lo que hoy buscamos con este convenio, es facilitar a la ciudadanía las ventanillas a las cuales tiene derecho para recibir atención oportuna, por parte de nosotros”, señaló la Ombudsperson.

Por su parte, el Magistrado Presidente del TECMX indicó en México, la violencia política tiene un sesgo contra las mujeres, pero la Constitución federal y la Constitución local, así como las leyes electorales establecen mecanismos y sanciones especiales para la violencia política de género, considerada ahora una causal de nulidad.

“Es imperativo rechazar la violencia política en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea física o verbal, y los ciudadanos deben tener la certeza de que estos actos no serán tolerados por las autoridades electorales”, sostuvo Hernández Cruz.

En tanto, el titular de la FEPADE celebró la firma del convenio tripartita en la Ciudad de México, pues con dicha acción los tres organismos reiteran el llamado a la no violencia y la importancia de trabajar coordinadamente para evitar actos que dañan la democracia representativa.