Promovida y aprobada a nivel federal desde 2012, la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar carece de reformas que permitan una mejor aplicación de sus atribuciones en la capital. La supuesta Legislatura más productiva del órgano local no ha sido capaz de discutir el dictamen pendiente y el final de la misma se acerca.

Al menos dos años antes de que aparecieran casos graves de violencia en los planteles educativos -bullying- del país, Mario Delgado adelantaba una propuesta en el Senado de la República bajo el título de Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia. De la norma federal aprobada emanaron las consecuentes a nivel estatal, pero la Ciudad de México se estanca en la evolución de su contenido.

En 2014, casos de menores gravemente heridos y hasta fallecidos a causa de la violencia escolar encendieron las alarmas en el país pero no en la Ciudad de México. Y es que ya en 2013 había casos que escalaban a niveles importantes de violencia física, por lo que se implementó un estudio respectivo a fin de actualizar las cifras e intentar detallar las causas.

No obstante, hacia mediados de 2014, la secretaria de Educación local (Sedu), Mara Robles, negaba cualquier caso grave de bullying en la capital. Esto, contra la evidencia pública de al menos 3 casos importantes que incluso derivaron en protestas de los padres de familia.

Durante la comparecencia de Robles Villaseñor ante los integrantes de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), los cuestionamientos con base en los mediocres resultados de “la ciudad con la mayor oferta educativa del país” fueron la constante. La Ciudad de México ocupa el 15º lugar de aprovechamiento en el país a nivel primaria y el 8º a nivel secundaria.

Diversas problemáticas aumentaban a la par del tiempo y semanas después llegaban las cifras sobre el bullying de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Resultado de distintas investigaciones, la Universidad llegó a la conclusión de que hasta el 70% de los casos de acoso escolar o bullying en sus distintas formas, no se ven. Es decir, que, al igual que en los índices delictivos, la llamada cifra negra es mucho mayor de los que se espera por parte de las autoridades competentes. Peor aún, las consecuencias de este padecimiento en las víctimas resultan en un problema social patente en bajo rendimiento escolar, deserción e, incluso, suicidio.

Entonces, la presidenta de la Comisión de Educación, Yuriri Ayala, logró el rápido avance de la iniciativa de Escuela para Padres. Con sesiones obligatorias en los planteles escolares, los padres de familia recibirían capacitación de primera mano con psicólogos, sociólogos y demás expertos en materia de autoestima, derechos humanos, acoso en sus distintas formas, salud, y más.

La responsabilidad institucional queda aún pendiente.

Los avances logrados por las diversas propuestas y el llamado a reconocer el problema en el Distrito Federal no han alcanzado la institucionalización de la responsabilidad en el sector educativo local.

Además de Escuela para Padres, Ayala promovió que los planteles dedicados a la educación básica contaran con una certificación de no violencia. Mediante varias reformas a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia, la perredista buscó impulsar la obligatoriedad respectiva a los docentes, personal administrativo y los mismos alumnos sobre protección de derechos humanos y convivencia armónica.

“La propuesta contempla mecanismos de prevención para combatir y erradicar el acoso escolar para fomentar la cultura de la denuncia por parte de las niñas, niños y jóvenes ante posibles casos de bullying. Es un tema prioritario para la Ciudad de México y por ello resulta urgente su aprobación”, comentó la legisladora.

Ayala Zúñiga agrega que el dictamen ya ha sido aprobado en Comisión, por lo que espera que el mismo sea presentado lo antes posible ante el Pleno de la ALDF para su discusión y votación. Sin embargo, se advierte, este paso no ha llegado ante la obligación de la Sedu de hacer valer los términos contenidos en las reformas.

Mientras tanto, recuerda la presidenta de la Comisión de Educación, “siete de cada 10 estudiantes han sido víctimas de la violencia escolar, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que revelan que el número de menores afectados por este fenómeno aumentó 10% en los últimos dos años; además, estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) señalan que entre 60 y 70% de los estudiantes en el nivel preescolar, primaria y secundaria han sufrido bullying”.