Pese a que la encargada de la Secretaría de Educación (Sedu) en la Ciudad de México se niega a aceptar que existen casos graves de violencia escolar, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó los mecanismos necesarios para que los planteles educativos locales obtengan certificaciones que los avalen como carentes de este tipo de conductas.

Diputados locales pertenecientes a las Comisiones Unidas de Educación y de Salud presentaron ante el Pleno de la ALDF el dictamen por el cual se valida el proceso de “certificación de escuelas libres de violencia” en el Distrito Federal. La iniciativa, que ha contado con la larga participación de la perredista Yuriri Ayala y el priísta Marco Antonio García Ayala, se ha encontrado por fin con el beneplácito de la Diputación Permanente.

Casi un mes atrás, en este espacio dimos cuenta de cómo se retrasaba una vez más la aprobación de esta propuesta que data de la administración anterior por el entonces candidato a senador de la República, Mario Delgado.

A pesar de que el problema ha sido evidenciado desde hace varios años a lo largo del país y más recientemente en la Ciudad de México, la titular de la Sedu, Mara Robles, negó en varias ocasiones la situación. Por el contrario, tanto García Ayala como Ayala Zúñiga presentaron datos contundentes que contradijeron lo dicho por la integrante del gabinete de Miguel Ángel Mancera.

En octubre de 2014, García Ayala presentó datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en los que se asienta que el 70% del acoso escolar (bullying) no se ve, por lo que llamó a la ciudadanía a denunciar estos actos y llamar la atención de las autoridades encargadas. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación ha impulsado el proyecto Escuela para Padres, herramienta de capacitación pública para los padres de familia a fin de que enfrenten  de manera óptima los casos de bullying al interior de los núcleos familiares. El proyecto, no obstante, ha sido obstaculizado por Mara Robles, quien dictó desde noviembre de 2014 que el mismo no podría llevarse a cabo de manera oportuna sin una inversión mínima de 14 millones de pesos adicionales.

Datos preocupantes: 10% de la población estudiantil podría ser agresora potencial

Según puede advertirse en el contenido del dictamen avalado en el Pleno de la ALDF, “no hay suficiente información acerca del acoso escolar, a pesar de la difusión y de las consecuencias que ocasiona: muchos niños no saben que (sic) hacer si son víctimas de esta situación”.

“La población infantil del (sic) México que cursa la educación básica es de 25 millones, de este total, aproximadamente 2.5 millones se perfilan como agresores en potencia durante su etapa adulta, al haber enfrentado experiencias de violencia escolar”, se abunda en la información que se presenta a modo de argumento en el dictamen.

Ante este panorama, argumentó hoy la legisladora perredista, resulta necesario preparar a los padres de familia, alumnos y personal docente en lo relativo a la atención de casos de bullying apenas sean estos detectados. Y es que, dijo, “el asunto de la violencia en las escuelas ha ido aumentando a pasos agigantados situando a México en el primer sitio en la escala internacional en el número uno de casos de bullying a nivel secundaria”.

Certificación de Escuelas Libres de Violencia

Hasta el momento, según los datos presentados de los proyectos piloto de esta iniciativa, dos planteles escolares han logrado la certificación de Escuelas Libres de Violencia y diez más se encuentran en proceso de hacerlo. Así lo dio a conocer Ruth Delgadillo Martínez, directora del Área de Psicología del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Sin embargo, no resulta de este ejercicio una responsabilidad institucional, a pesar de que el proyecto se ha institucionalizado. Y es que el proceso se iniciará una vez que las autoridades escolares de cualquier plantel de educación básica –no importando la distinción pública o privada- lo soliciten.

“Este proceso se iniciará cuando las escuelas públicas y privadas que prestan sus servicios, asuman el compromiso de cumplir con los requisitos para erradicar los actos de violencia y acoso escolar; por lo que la certificación es la constancia que avala los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos para el ejercicio de la profesión”, se asienta en el proyecto.

En tanto, la certificación como tal se entenderá como “la constancia documental expedida por la Secretaría de Educación del Distrito Federal, que avale y reconozca las acciones tendientes a disminuir los niveles de violencia en las escuelas” una vez que la comunidad escolar sea capacitada.